Ante las críticas de la iniciativa privada por la obligación a particulares de presentar declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses cuando reciban recursos públicos, el PRI en la Cámara de Diputados anunció que, de ser necesario, presentará una iniciativa en la cual se precise que la disposición sólo es aplicable a directivos y dueños de empresas que obtengan contratos gubernamentales, no a trabajadores o beneficiarios de programas sociales.

Sin embargo, el fondo de la disposición, cuestionada por una parte del sector empresarial y acompañada por el PAN, es inamovible, advirtió el vicecoordinador del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín.

Como parte del paquete legal del sistema nacional anticorrupción, la noche del jueves la cámara avaló sin cambios la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que incluye la presentación de declaraciones patrimonial y de interés a personas físicas y morales.

El legislador priísta explicó que el contenido del artículo 32 de esa ley está dirigido a directivos, encargados de las licitaciones y los cabilderos, que son el eje de la estrategia para burlar la ley y parte de la cadena de corrupción.

De lo que se trata, insistió, es cerrar la puerta a los trucos con que se crean empresas fantasmas para lograr contratos y que son parte del cochupo.

Ramírez Marín estuvo acompañado de un grupo de diputados de los tres sectores del PRI, entre ellos el ex presidente de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio (Concanaco), Jorge Dávila Flores. Ahí, refirió que si bien los priístas no propusieron aclarar desde el jueves la redacción para evitar malas interpretaciones, se debió a que la bancada del PAN quería todo o nada.

Es decir, explicó, el blanquiazul pidió que se suprimiera el inciso C del citado artículo, cuando éste forma parte del mecanismo para evitar la práctica de solicitar entre 10 y 15 por ciento de los contratos con el gobierno, conocida como moche y que es ejercida por gobiernos y legisladores panistas, a través de empresas vinculados a ellos.

Sin este instrumento no se podría conocer si los integrantes de las empresas son parientes, si es su yerno, su primo o el esposo de su sobrina, explicó.

Dijo que si se incluyó la figura de prestadores de servicios es “para evitar que los contratos o licitaciones se hagan con despachos, pero no se trata de que los albañiles de las empresas contraten las obras o de los meseros si un restaurante contrata un servicio de catering (alimentación colectiva)”.

Ramírez Marín ofreció que se presentará una iniciativa para corregir la ley si de consultas con el tribunal fiscal, abogados y especialistas se concluye que hay afectación a empleados de empresas, los beneficiarios de los programas sociales o becarios.