La nueva Ley Nacional de Ejecución Penal, recién aprobada por el Congreso, contiene serias regresiones en la protección y garantía para los niños, niñas y adolescentes que tienen un adulto privado de la libertad, con lo cual se violentan sus derechos humanos, aseguró la Red por los Derechos de la Infancia (Redim).

Aunque la organización reconoce algunos avances en otros temas, lamentó que el Senado y la Cámara de Diputados no hayan consultado a expertos, madres que viven presas con sus hijos ni organizaciones especializadas en derechos humanos de la infancia.

Hasta ahora, la situación que niñas y niños viven con sus madres en reclusión ha sido el reflejo de la falta de políticas públicas sustentadas en derechos humanos, y se han sustentado en tratos discriminatorios, inhumanos, crueles y degradantes, señala Redim, integrada por una coalición de 75 organizaciones de 16 entidades del país, que desde 2001 desarrolla diversos programas en favor de niñas, niños y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad.

Redim cuestiona que el hecho de que sea la autoridad penitenciaria quien establezca los criterios para garantizar el ingreso de los niños cuando las mujeres deseen conservar la custodia del hijo menor de tres años (siempre que no hubiere algún familiar que pudiera hacerse responsable de la familia de origen), con lo cual se prioriza la separación niño-madre, violando el derecho del niño a vivir en familia.

Además, al señalar que sólo los hijos que nacieron durante el internamiento podrán permanecer con la madre hasta que cumpla los tres años es contrario al espíritu de la Convención sobre los Derechos del Niño.