A punto de vencer el plazo constitucional para la implementación del nuevo sistema de justicia penal, 27 entidades reportan la puesta en marcha de la estructura para operar lo que se conoce como ‘‘juicios orales’’ o sistema acusatorio.

En las 48 horas previas al vencimiento entrarán de lleno los cinco estados restantes, mismos que hasta ayer reportaban ‘‘implementación parcial’’: Baja California Sur, Puebla, Baja California, Oaxaca y Tlaxcala.

A escala local, el porcentaje de población cubierta por el sistema procesal penal acusatorio es de 94.60 por ciento (114.4 millones de habitantes de todo el país); su operación tiene un avance de 7.6 en una escala de 1 al 10, y casi el ciento por ciento de la normatividad penal está ajustada a este nuevo modelo de justicia, acorde con un reporte emitido ayer por la Secretaría de Gobernación (SG).

El banderazo –o mejor dicho malletazo, por el objeto que utilizan los jueces al inicio y término de una sesión– será el primer minuto del sábado 18 de junio, en una ceremonia encabezada por el presidente Enrique Peña Nieto.

Al encuentro, el gobierno federal ha invitado a todos los responsables de los procedimientos judiciales de los tres niveles de gobierno y de los tres poderes de la Unión, así como a sociedad civil y medios de comunicación.

El proceso se inició con la publicación del decreto de reforma constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008; se fijó un plazo de ocho años para la implementación del nuevo entramado legal para lograr un sistema penal ‘‘acusatorio y oral’’ regido por los principios de publicidad (el aspecto público), contradicción, concentración, continuidad e inmediación (inmediatez).

El lema de la campaña de difusión, a cargo de la secretaría técnica respectiva adscrita a la SG, fue ‘‘Justicia que sí se ve’’, en referencia a la transparencia que deberá existir en los procedimientos penales.

Por tanto, las entidades federativas debieron adecuar espacios físicos y capacitar a policías y agentes del Ministerio Público, entre otros, para que todas las audiencias y el propio juicio sean orales y a la vista de todos, es decir, públicos.

Igualmente, el nuevo sistema debe prever la posibilidad de que en todos los casos de delitos menores, donde el daño es reparable, la víctima y el imputado puedan encontrar opciones para lograr una salida justa a su problema; esto se conoce como justicia alternativa.