El primer minuto de este sábado entra en vigor el sistema de justicia penal de corte acusatorio –que incluye los llamados juicios orales–, el cual se inicia inmerso en la preocupación del Poder Judicial Federal (PJF).

Ministros, magistrados y jueces consideran que no habrá interacción del nuevo sistema con el juicio de amparo, lo que podría convertirse en un obstáculo para el desarrollo de los procesos penales orales y puede permitir la libertad de miles de presos, incluso aquellos que han confesado ser culpables.

Además, un sector del gremio jurídico, principalmente académicos, desconfía de la eficacia del nuevo sistema porque carece de jurados (contario a lo que ocurre en Estados Unidos), mientras que abogados litigantes han cuestionado a los jueces de las entidades, pues señalan que carecen de independencia y autonomía al momento para resolver los asuntos.

Han transcurrido ocho años desde que el presidente Felipe Calderón (PAN) publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma a 10 artículos de la Constitución que cambiaron radicalmente las bases para la procuración e impartición de justicia y obligaron a unificar en un Código Nacional de Procedimientos Penales las reglas procesales que deberán aplicar lo mismo fiscales y policías, que jueces, abogados y asesores de víctimas de un delito.

En días recientes, activistas –entre ellos Alejandro Martí y Nelson Vargas– lanzaron críticas a los juzgadores por privilegiar las reglas del debido proceso sobre los derechos de las víctimas, ya que con ello han puesto en la calle a secuestradores y a otros criminales confesos.

Abogados litigantes se han sumado a las críticas a jueces que ya implementan el sistema acusatorio en estados como el de México y Morelos. Sobre la mesa también está la posibilidad de que todos aquellos presos acusados de lavado de dinero, fraude, defraudación fiscal y otros delitos patrimoniales de alto impacto económico (se calcula que bajo esas imputaciones hay unos 50 mil procesados) obtengan en breve su libertad provisional bajo fianza, ya que el nuevo sistema penal limitó el catálogo de ilícitos por los cuales procede la prisión preventiva.

Pero uno de los principales problemas que enfrenta la implementación del nuevo sistema de justicia penal ha sido manifestado por el propio presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, Luis María Aguilar.

El pasado miércoles, durante un encuentro privado con jueces y magistrados, Aguilar Morales afirmó que aún no está claro que todas las autoridades involucradas en el nuevo sistema penal cumplirán cuidadosamente sus obligaciones, lo que podría llevar a fuertes críticas contra el Poder Judicial Federal (PJF).

En esa ocasión, por segunda vez en ocho meses, el presidente de la Corte reunió a los jueces para analizar el tema que tal vez más preocupa al PJF: la interacción del nuevo sistema penal con el juicio de amparo.

El 10 de julio de 2009, durante una entrevista con La Jornada, la hoy ministra en retiro Olga Sánchez Cordero expresó: ‘‘Así como están las leyes de procedimientos penales habrá problemas al desarrollar un proceso penal oral, pues cuando el caso llegue al amparo indirecto al Poder Judicial Federal, en el que se aleguen violaciones al procedimiento, ¿cómo va un juez de amparo a ordenar la reposición cuando ya ha habido una serie de actuaciones de oralidad y audiencias públicas?

‘‘Y cuando un presunto responsable decida declararse culpable en la etapa del juicio oral, mediante procedimiento abreviado para tener una penalidad atenuada, ¿qué podría argumentar él en una apelación o en un juicio de amparo si lo interpone para su defensa? Ahí habrá un choque jurídico’’, expuso.

Abogados penalistas también han cuestionado a los operadores del nuevo sistema penal. El pasado 7 de junio, durante el octavo Foro de Seguridad y Justicia Penal, Rodolfo Félix Cárdenas y Rafael Heredia Rubio, especialistas en juicios orales, acusaron que hay jueces soberbios, novatos, faltos de capacidad, déspotas, sin independencia y hasta ‘‘burros’’, dijeron.

‘‘Estamos teniendo la presencia típica de lo que es un juez novato e inseguro; hay muchos jueces soberbios y lo único que encontramos es que son unos burros, y hay que decirlo porque lo denotan en sus resoluciones’’, dijo Félix Cárdenas, ex procurador de la Ciudad de México.

A unas horas de que venza el plazo de ocho años para la implementación del sistema de justicia penal, los estados de la República siguen presentando rezagos en rubros como capacitación e infraestructura.

En la más reciente clasificación elaborada por la Secretaría de Gobernación, que data del pasado 31 de mayo, el avance global de implementación nacional es de 7.1 en una escala de 0 a 10.

Las entidades más rezagadas son Guerrero, con 5.5; Sonora, 5.6, y Baja California Sur, con 5.7. Otras 18 entidades están en el nivel medio de implementación (de 6 a 7.4), y siete se encuentran en nivel alto (de 7.5 a 8.9).