a Open Society Justice Initiative es una organización civil que tiene su sede en Nueva York, financiada por George Soros. Busca fortalecer la justicia y los derechos humanos en el mundo. En un informe emitido a principios de junio demuestra que existen fundamentos razonables
para considerar que las fuerzas oficiales de México han cometido a lo largo de la última década crímenes de lesa humanidad contra la población civil.
El informe llamado Atrocidades innegables: confrontando crímenes de lesa humanidad en México (disponible en el sitio web de Open Society Foundations) denuncia a sus gobiernos de ser incapaces de castigar crímenes atroces, sólo por presiones políticas. El documento es demoledor e inobjetable y anticipa que la violencia oficial y la impunidad en México estarán cada día más expuestas al juicio de la comunidad internacional.
La Open Justice Initiative ha propuesto al gobierno de México tomar cuatro decisiones, la cuarta de ellas es sumamente preocupante, insiste en retirar a las fuerzas armadas de operaciones de seguridad pública y legislar sobre el uso de la fuerza
. La recomendación encaja en una vieja preocupación nacional expresada en un compromiso presidencial que se tornó inmanejable: Las tropas volverán a sus cuarteles
. Nada más deseable ni más remoto. La principal razón es que al presidente le ha convenido esa situación, porque ordena libremente, sin límite, sobre una fuerza dúctil, competente, disponible como si fuera de su propiedad. No hay ley que regule el uso de la fuerza.
El propio presidente Peña promueve la legitimación de la situación vigente. En cada mención a las fuerzas armadas las exalta a un plano heroico por su lealtad y sacrificios en el cumplimiento de sus misiones. Está muy satisfecho ante la actual situación.
En el mismo sentido, su gobierno ha promovido una serie de actos para fortalecer la anomalía: 1. Resolución de la SCJN avalando la presencia de tropas en tareas de seguridad pública. 2. Reforma al Código Militar de Procedimientos Penales para autorizar a jueces castrenses ordenar acciones sobre garantías de civiles, como es la inviolabilidad del domicilio, y 3. Legislar que militares deban actuar como primeros respondientes ante un presunto delito. ¡Más funciones civiles a militares! ¿Sabrá adónde vamos?
Quien sepa leer horizontes reflexionará que con esta inercia se está constituyendo a los ejércitos en un poder fáctico, que es su peso sobre la vida pública al ser imprescindible por la fuerza que representan. Ejemplo: No hay gobernador que no trate con mil consideraciones, sentido de sujeción y gratitud a las fuerzas en su territorio, por lo menos en las formas.
A lo largo de los años, mandatarios estatales se han apoltronado. Cuando más, alguno creó alguna academia con un plan de estudios bien discutible, otro se justifica comprando armas y patrullas. La verdad, y lo saben muy bien los defensores de derechos humanos, es que muchos gobernadores son inconfiables ante el problema de la inseguridad. Suponen que para eso están los ejércitos. El proyecto de mando único, ¿se podría confiar en que los gobernadores lo gestionaran diligentemente?
Ante la terrible violencia que se experimenta y que sólo el gobierno no ve, la sociedad demanda de la protección que ofrecen los ejércitos, pero, con toda razón, cuando ésos se exceden los agraviados presentan denuncias, las que el gobierno suele disimular auspiciando la impunidad. A las tropas les desagrada esa misión de sacrificio debido a las ambigüedades en que opera, que sólo les deja desprestigio, peligro de cárcel, de sangre y grandes sacrificios. Lamentablemente, la persistencia de las situaciones les va dando carácter de naturalidad y cada vez más las tropas parecen dispuestas a quedarse en la situación en que están. Su adiestramiento se ha modificado sustantivamente adaptándolo al policial. Los discursos de los secretarios Cienfuegos y Soberón están llenos de orgullo y de expresiones de obediencia hacia lo que están efectuando. Entonces ¿adónde vamos?
La situación es cada vez más crítica. Sencillamente no hubo interés del presidente Peña para corregir tan seria anomalía, más bien la alentó: acreció a las fuerzas armadas, convirtió en un caos su propio proyecto policial y desdeña la procuración de justicia. La Procuraduría General de la República nunca había estado en tal estado de menosprecio, hasta presupuestal, como está ahora. Pese a los grandes esfuerzos de su titular, la dependencia no cuenta.
Nada más deseable y remoto de aquel compromiso en el que nadie cree de regresar las tropas a sus cuarteles. En su Programa Nacional de Seguridad Pública el mandatario ofreció: El retiro de las fuerzas armadas como apoyo en tareas de seguridad pública será gradual, como respuesta a la consolidación de las instituciones policiales
. La realidad es exactamente lo contrario, se están dando pasos para consolidar el estatus actual de ilegitimidad. Y a más, nos molestan los juicios extranjeros. Entonces, ¿adónde vamos?
