Los partidos políticos deberán devolver los recursos públicos no gastados en las campañas de 2015, 2016 y las subsecuentes, acordó ayer el Instituto Nacional Electoral (INE), lo que provocó, como pocas veces, la unidad de ocho fuerzas políticas contra la aplicación retroactiva de la medida.

El consejero Benito Nacif, promotor de este cambio, quiso ir más allá al plantear que se prohíban las transferencias en especie de una campaña local a otra, porque no es posible que los recursos de una entidad, de Oaxaca, por ejemplo, sean utilizados en campañas de Nuevo León. Al parecer esta propuesta iba dedicada a Morena, pero no prosperó.

Durante más de dos horas, los representantes partidistas alegaron en contra de que el INE les aplicará una norma de forma retroactiva, sobre todo porque fue resuelta por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en diciembre del año pasado y apenas se realiza su reglamentación.

Por la poca claridad de la sentencia emitida, hecho planteado por los mismos consejeros, se alargó el debate y los partidos políticos advirtieron que recurrirán al Tribunal Electoral para que aclare si es retroactivo o no, dado que desde su perspectiva lo primero es ilegal.

Sólo el representante de Morena, Horacio Duarte, no expresó su postura en la sesión del Consejo General frente a la avalancha de críticas vertidas por sus colegas. Esto, porque ese partido prácticamente empujó la sentencia tras haber impugnado el año pasado la negativa inicial del INE de obligar a los partidos a devolver dichos recursos.

Si bien otros partidos coincidieron en la conveniencia de esta norma, no fue así en los plazos. El panista Francisco Gárate advirtió que es una quimera que haya remanentes. Siempre lo que falta es dinero. Cuando hice campañas siempre me faltó y terminé con deudas.

Alejandro Muñoz, representante del PRI, se manifestó en favor de la reintegración de recursos no ejercidos, porque eso abona a la rendición de cuentas. Pero consideró controvertible esta aplicación retroactiva.

Estimo que volveremos a discutir este (artículo) transitorio una vez que haya una opinión sobre su legalidad, que el TEPJF haya dado un siguiente fallo, expuso, con lo que adelantó que impugnarán esta resolución.

Ernesto Guerra, representante de Encuentro Social, expresó que el problema es que este acuerdo se votó en el Consejo General seis meses después de emitido por el tribunal, cuando lo correcto hubiese sido aprobarlo en diciembre para que se aplicara en el año fiscalizado entonces.