La Comisión de Transparencia de la Cámara de Diputados avanzó en la discusión de un proyecto de dictamen para definir atribuciones adicionales de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en materia del combate a la corrupción, que se prevé votar hoy.

Las bancadas de PRI y Morena señalaron que la principal diferencia hasta ahora continúa siendo el alcance de la revisión de la ASF en la fiscalización de las transferencias federales a los gobiernos de los estados.

Jorge Carlos Ramírez Marín, vicecoordinador del PRI, dijo que si bien la Cámara no permitirá que las entidades se auditen a sí mismas, se tiene que revisar si la Auditoría tiene capacidad para ejercer esas atribuciones.

Debe haber una modalidad que respete la autonomía de los estados, pero es indispensable que se fiscalicen las participaciones y las deudas locales, porque el gobierno federal es en buena medida garante de esos recursos, explicó.

La ley, indicó, no puede plantear imposibles y obligar a la Auditoría a realizar tareas que incumplirá. Esto es, expuso, si no tiene capacidad para revisar a los estados además del gasto federal, podría mantenerse la figura de auditorías al gasto de las entidades mediante convenios.

La alternativa es que sean órganos de fiscalización estatales autónomos, totalmente imparciales y neutrales, fuera de toda posibilidad de intervención o manipulación, y en ese sentido apoyamos que las deudas sean revisadas por la ASF en una modalidad que la haga posible, declaró.

El presidente de la comisión, Rogerio Castro Vázquez (Morena), consideró que la reforma a la Auditoría, que forma parte del sistema nacional anticorrupción, no debe quedar sólo en un ajuste legal, sino que requiere una transformación del sistema político, porque de nada serviría tener una buena ley si el sistema cubre al que roba dinero público.

Refirió que el proyecto de dictamen incluye la posibilidad de que la ASF reciba denuncias ciudadanas, así como indagar sobre cuentas públicas de años anteriores. Actualmente sólo puede revisar el gasto por ejercicio, y con dos años de retraso.

También se definirá que el organismo fiscalizador sustancie las investigaciones sobre desvío de recursos ante el tribunal de justicia en materia administrativa. La ASF fungirá como investigadora y como sustanciadora del proceso de revisión de la cuenta pública. Actualmente emite un juicio sin vinculación penal. Ahora las irregularidades se vincularán a proceso, dijo.