La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) un informe sobre las acciones que se llevan a cabo para eliminar o clausurar los llamados narcotúneles, construidos por bandas del crimen organizado a lo largo de la franja fronteriza con Estados Unidos.

En un escrito remitido a la PGR, ese órgano del Congreso advierte que de 2000 y a la fecha, los cárteles del narcotráfico y otros grupos criminales han construido 2 mil 178 túneles en diversas partes de la frontera norte destinados al trasiego de armas, narcóticos y para el trafico ilegal de personas.

Se trata de túneles, se precisa, cada día más sofisticados y con inversiones millonarias, ya que en su edificación se emplean nuevas tecnologías, lo que ha permitido a la delincuencia organizada ampliar sus operaciones en los últimos 16 años.

Los narcotúneles son una sofisticada infraestructura criminal, que representa una abierta burla al poder público de las naciones para proveer drogas al extranjero, o bien a México, sin tener que afrontar a guardias en su tránsito de una región a otra.

En el documento dirigido a la PGR –aprobado en la sesión del miércoles pasado– la Comisión Permanente resalta la necesidad de coordinación entre las áreas encargadas de la seguridad en México y Estados Unidos a fin de erradicar el problema de violencia e inseguridad que aqueja a ambos países y que genera un ambiente no sano a la sociedad y a las instituciones.

El problema del tráfico de drogas no sólo ha impactado en el ámbito social y político, sino también en la salud y bienestar de las personas.

Los narcotúneles abundan en la frontera norte, por ahí pasan drogas, armas y personas de forma ilegal, por lo que parte de las acciones previstas en México contra el narcotráfico es eliminar estos accesos utilizados por los criminales, expuso.

La Permanente solicitó asimismo un informe sobre el avance en el proceso de sistematización del Registro Nacional de Víctimas, donde se explique si hay estrategias para evitar errores en la información de esta base de datos.

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas deberá explicar al Congreso las acciones que se realizan para evitar que, por algún descuido o negligencia, no se valoren las circunstancias de cada caso, y deje de darse atención a alguna persona víctima de un delito.