En lo que va del sexenio el PAN ha enarbolado como bandera la lucha contra la corrupción. En el Congreso condicionó la aprobación de las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción antes que cualquier otra reforma, pero todo ha quedado en el discurso.

Sólo 10 de los 38 senadores panistas han presentado sus declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal, pero luego de su reciente triunfo electoral están dispuestos a avalar una versión light de la llamada ley 3 de 3, la iniciativa impulsada por grupos empresariales, que los blanquiazules hicieron suya.

En lo interno, el PAN no ha resuelto las denuncias de corrupción que pesan sobre varios de sus militantes, y algunos de los ganadores de las siete gubernaturas con las que se hizo el partido en los comicios del pasado domingo tienen señalamientos de desvíos de recursos y enriquecimiento ilegal.

Antes y durante el proceso electoral se denunció públicamente al gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, a quien se atribuye enriquecimiento inexplicable y desvió de recursos del Issste, institución de la que fue director.

También sobre el gobernador electo de Aguascalientes, Martín Orozco, pesan denuncias de tráfico de influencias y la venta irregular de terrenos en beneficio de familiares y amigos cuando fue presidente municipal de la capital de esa entidad.

La Comisión Anticorrupción del PAN, que encabeza Luis Felipe Bravo Mena, trabaja en varias denuncias, entre ellas la del ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, quien fue acusado de desvió de recursos y enriquecimiento ilícito, así como de beneficiar a contribuyentes por lo cual el erario dejo de percibir 705 millones de pesos.

Otro caso es el de Luis Vizcaíno, ex director jurídico de la delegación Benito Juárez, quien fue señalado de exigir a una empresa promotora del deporte, el pago de un soborno de 90 mil pesos en efectivo para la realización de una carrera.

A esta lista se suma, el ex coordinador de los diputados federales panistas, Luis Alberto Villarreal, quien fue acusado de exigir moches a ediles para lograr la aprobación de recursos destinados a sus municipios.

Todos son casos sin resolver, situación alejada por completo de la exigencia que tanto el dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya, como los coordinadores parlamentarios en ambas cámaras, formularon sobre el combate a la corrupción.

Durante la discusión en el Senado de las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción, los panistas denunciaron una y otras vez la intención del PRI de achicar lo establecido en la reforma constitucional en la materia. Acción Nacional presentó una iniciativa que va más allá de lo establecido en la llamada ley 3 de 3 y durante las negociaciones para elaborar el proyecto de dictamen, propusieron que fuera obligación de todo funcionario de hacer públicas sus tres declaraciones, así como la de sus familiares hasta en cuarto grado, lo que fue rechazado por priístas y verdes.

El PAN se comprometió con el PRD a no permitir que se aprobara una reforma light y juntos se manifestaron contra el proyecto de dictamen elaborado por el presidente de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana, Pablo Escudero, en la que se deja a la decisión de cada funcionario presentar su declaración patrimonial y la de su cónyuge.

De los 38 integrantes de la bancada panistas, 28 no han presentado sus tres declaraciones, entre ellos, Francisco García Cabeza de Vaca, Martín Orozco y José Rosas Aispuro, ganadores de las gubernaturas de Tamaulipas, Aguascalientes y Durango.

Entre los 10 senadores panistas que si presentaron sus tres declaraciones están Adriana Fernández Dávila, que contendió por el gobierno de Tlaxcala y perdió, así como Jorge Luis Preciado, Luisa María Calderón, Sonia Mendoza, Luis Fernando Salazar, Daniel Ávila, Marcela Torres Peimbert, Francisco Búrquez, Laura Angélica Rojas y Ernesto Ruffo.