Caracas.

Los cancilleres de Uruguay, Argentina, Brasil y Chile saludaron este sábado el anuncio del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela de que comenzará a validar las firmas para el referendo revocatorio del presidente Nicolás Maduro, quien advirtió que si la oposición cumple los requisitos la consulta se realizará el próximo año y punto, con lo cual descartó que pueda llevarse a cabo en 2016, como exigen los opositores.

Si el referendo se efectúa antes del 10 de enero de 2017 y Maduro pierde, se deberá convocar a elecciones presidenciales. Si tiene lugar después de esa fecha, el vicepresidente –designado por Maduro– asumirá el cargo hasta 2019. Debemos respetar lo que diga el Poder Electoral, recalcó en un acto con el oficialismo.

Para avanzar hacia la convocatoria del referendo los electores deberán acudir del 20 al 24 de junio a los centros nacionales del CNE para poner su huella dactilar, con lo que ratificarán su petición de la consulta, mientras la autoridad tomará hasta el 23 de julio para efectuar la revisión.

El CNE anunció el viernes que certificó cerca de 1.3 millones de las más de 1.8 millones que presentó la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) –pese a que sólo se necesitan unas 200 mil– y descalificó unas 600 mil debido a que no cumplieron con los criterios exigidos.

Al respecto, Maduro confirmó que el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) pedirá investigar judicialmente a la oposición por haber presentado más de 600 mil rúbricas falsas ante el CNE.

Los cancilleres de Argentina, Susana Malcorra; Chile, Heraldo Muñoz; y Uruguay, Rodolfo Nin Novoa, manifestaron que la validación de las firmas constituye un primer paso hacia la pacificación que permite alentar la esperanza de que el proceso iniciado pueda alcanzar resultados positivos en el menor tiempo posible para todos los venezolanos.

En una declaración rechazaron los hechos de violencia en los que un grupo de diputados opositores fueron agredidos el jueves por supuestos seguidores del PSUV, durante una marcha hacia la sede del CNE para reclamar la validación de firmas.

Las autoridades tienen la responsabilidad de garantizar el derecho a las manifestaciones pacíficas y a la libre expresión de ideas, expresaron al hacer un llamado a que se investiguen las responsabilidades por la violencia.