Es necesario crear una ley para especificar la responsabilidad que tienen las autoridades de respetar y promover los derechos humanos, consideró Ricardo Bucio, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.

Al cumplirse cinco años de la reforma en materia de derechos humanos, el funcionario señaló en entrevista que si bien fue un gran acierto introducir esa obligación en el artículo primero de la Constitución, se requiere una ley que no deje su cumplimiento al criterio personal.

No se puede dejar a la percepción de cada una de las autoridades qué quiere decir tener esas obligaciones, subrayó.

Luego de las modificaciones constitucionales aprobadas el 10 de junio de 2011, cuando se conmemoraron 40 años de la masacre de estudiantes de 1971 –hecho conocido como el halconazo–, progresivamente ha habido avances en el derecho a la educación o a la salud, afirmó.

Sin embargo, reconoció que en los derechos económicos no hemos avanzado suficiente. Tampoco en las materias medioambiental o el acceso al agua, que también está reconocido en la Constitución.

La discriminación, añadió, sigue siendo un factor acuciante para no poder ejercer diversos derechos, a pesar de que en el país hay una legislación que prohíbe la exclusión.

Para Bucio la reforma influyó en la creación de la actual Ley de Protección a los Derechos de la Infancia y la Adolescencia. Antes, no hubiera tenido posibilidades legales de existir.