alvo algunos momentos, las universidades no han dejado de contribuir de manera muy importante a darle la razón y argumentos al Imperio, incluso proveyéndolo de armas. El napalm, por ejemplo, esa sustancia gelatinosa inflamable que produce enormes bolas de fuego que arrasan con familias y vecindarios enteros, fue concebido y desarrollado en los laboratorios de la Universidad de Harvard y probada por primera vez en sus campos deportivos. Pero en otras muchas áreas la producción de conocimiento ha sido orientada por las necesidades del Estado y los grandes negocios. Como las simientes, en los años 70, de lo que después se desplegaría por el mundo con el nombre de neoliberalismo (Friedman, Universidad de Chicago). A pesar de la autonomía –ese principio magnífico que mitiga el poder de gobiernos y empresas sobre la orientación del conocimiento–, nuestras universidades no han escapado de la fuerte presión por generar innovaciones, productos y razones al Imperio.
En los 90 se describía, por ejemplo, cómo una universidad mexicana, pública y autónoma había establecido un acuerdo con la sucursal de una multinacional que, entre otras cosas, proveía de sistemas a los aviones de caza, tanques y helicópteros de combate de las fuerzas armadas estadunidenses. Según este convenio, la universidad facilita, gratuitamente, investigadores, instalaciones y laboratorios dentro de su campus. Por otra parte, alguna institución mexicana incluso ha hecho contribuciones al desarrollo de misiles de combate, sin que sirva de consuelo que la beneficiada haya sido la Marina Armada de México, y cientos de universidades participan en convenios con banca Santander (por conducto de Universia). Además de estos llamativos ejemplos, hay una miríada de proyectos académico-empresariales-gubernamentales que sistemáticamente aprovechan las instalaciones y reclutan al personal calificado de las universidades para campañas de recolección de muestras de especies de la flora y fauna mexicana destinadas a laboratorios trasnacionales, asesoran dependencias gubernamentales, hacen análisis e impulsan programas de estudio diseñados específicamente para determinada empresa. En suma, un subsidio sistemático de recursos públicos al ámbito privado. El folleto de una institución llegaba a plantear como ideal convertirse en un hotel de cinco estrellas
para albergar proyectos de investigación de grandes empresas.
Se ha creado así una cultura que ha convertido en huésped distinguido al actor empresarial en la vida universitaria. El problema, sin embargo, es que una institución pública de educación superior y, especialmente, una universidad pública y autónoma que es sostenida con recursos del erario tiene en su ley orgánica un mandato social muy amplio, atender a los problemas nacionales
, y es claro que éstos no son necesariamente los del Estado o de las grandes empresas. Como muestran claramente los datos y análisis críticos y los airados reclamos de las manifestaciones que vemos en las calles, la enorme mayoría de los mexicanos tiene necesidades y problemas que no se han resuelto ni se resolverán desde la lógica de la ganancia o la del poder.
La vinculación con esos poderes no es un asunto sólo del subsidio que representa el uso de recursos públicos y universitarios a los que menos necesitan, sino también en la progresiva adopción de una visión que acepta que los nuevos conocimientos, la generación de dispositivos y políticas públicas y hasta la formación de jóvenes estudiantes son final y principalmente productos para el consumo privado o estatal, y que por tanto las grandes corporaciones tienen un interés legítimo y prioritario en determinar sus características. Una visión que nazca desde el espíritu mismo de la educación superior pública y, además autónoma y universitaria, va en otra dirección; busca atender los problemas nacionales también desde la perspectiva de quienes los sufren. De ahí que declarar visitantes distinguidos
a las maestras y maestros que se manifiestan en la Ciudad de México es una manera real y simbólica de señalar que la visión de quienes sufren y conocen de cerca la situación de las grandes mayorías es la más importante. Provenientes muchos de ellos de las clases populares, encargados de crear condiciones para que se formen millones de niños y jóvenes, los maestros son uno de los sectores con mayor capacidad de entender y manifestar cuál es la situación y problemática del pueblo mexicano a partir, precisamente, de su vivencia en decenas de miles de pequeñas comunidades rurales, las periferias de las ciudades, los barrios pobres de las capitales.
La educación es, reconocidamente, uno de los más graves problemas nacionales, pero, más grave aún, nos dicen, una reforma educativa que busca eliminar a quienes son los más fidedignos portadores y mensajeros de la realidad del país, los maestros. Se busca excluirlos, acosarlos con evaluaciones y eventualmente expulsarlos –como ya lo fueron de la Ciudad– también del aula o del empleo. Así será posible sustituirlos, incluso con egresados de la educación superior capaces de garantizar su eficiencia en la formación de niños y jóvenes de futuras generaciones como parte del capital humano
que demanda reiteradamente Mexicanos Primero.
Para tener una posición respecto de la reforma educativa, las universidades deben, por lo menos, escuchar a los maestros y distinguirlos de quienes hoy están dispuestos a arrasar los principios progresistas que todavía mantiene el tercero constitucional. Son dos clases distintas en lucha por la educación.
*Rector de la UACM
