xiste coincidencia en que los resultados de la pasada jornada electoral se explican en buena medida por la inconformidad y el hartazgo de la ciudadanía, por la desbocada corrupción e impunidad promovidas y cobijadas por los gobiernos en turno. Estas prácticas siempre han existido; sin embargo, en los últimos años se hicieron tan ostentosas y evidentes que han calado en la conciencia de buena parte de la población. Los gobernadores Duarte, en Veracruz, y en Chihuahua, antes Moreira y los Salinas, son parte de una cadena de poder; lograron tal indignación que ni las tácticas de compra del voto funcionaron esta vez.

Será difícil dar cauce a esta inconformidad social si no se transforman las reglas actuales del sistema político y económico. La alternancia panista en 2000 no sólo fracasó en este intento de cambio, sino que protegió y reprodujo las mismas prácticas que había criticado. Fue un periodo perdido que acabó con las expectativas de justicia y equidad social. Sería lamentable regresar a las tonteras foxistas o al horror calderonista.

Uno de los rasgos de esta jornada electoral fue la marcada presencia del sector empresarial, por la vía personal, por conducto de órganos formales como el sindicato de la Coparmex y el Consejo Coordinador Empresarial o mediante asociaciones que se ostentan como parte de la sociedad civil, aun cuando su financiamiento y en parte su orientación depende de quien aporta los recursos. Están de moda estas asociaciones que a veces actúan en conjunto, queriendo dar una imagen de pluralidad y nueva ciudadanía. Nos referimos a algunas candidaturas calificadas de independientes, como la del Chacho Barraza, en Chihuahua, o a órganos certificadores de buena conducta. Basta rascarle un poco para conocer quién mece la cuna.

En un escenario de tanta indignación ciudadana, es fácil colocarse del lado de los críticos, encubriendo la responsabilidad propia. Así sucede con los empresarios que se asocian con los gobernantes en una amplia gama de negocios. Se puede comprobar con una revisión superficial de los privilegios concedidos: concesiones, toda clase de adquisiciones, servicios profesionales, coinversiones público-privadas, construcción, disposición de fondos de jubilación y aprovechamiento de información privilegiada, entre otros.

Una vía creada para avanzar en la lucha anticorrupción es la conocida iniciativa 3 de 3, que solicita a funcionarios públicos y candidatos a ocupar cargos que entreguen y permitan la publicación de sus declaraciones patrimonial, fiscal de los cinco años pasados y también de intereses. Se trata, sin duda, de un esfuerzo importante, aun cuando en la práctica se ha demostrado que existen múltiples formas de encubrir la condición real de los evaluados, por lo que hay que tomarlo como medida necesaria, aunque no suficiente.

En esta pretensión de integrar el comportamiento empresarial en este ambicioso fin de sanear la vida pública y privada se ha sugerido ampliar la solicitud para que los empresarios se comprometan con otro 3 de 3 en los rubros siguientes: 1. pago de sueldos justos, 2. pago correcto de impuestos y 3. no contaminar el medio ambiente con sus procesos de producción o servicios.

El pago de un salario justo se puede calcular al menos sobre la base de la definición constitucional para los salarios mínimos, que deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Existe ya información disponible en materia salarial para concretar lo que sería un referente aceptable. Si hay un ISO y una NOM para los procesos o un sello de comercio justo, con mayor razón debería haber una calificación para aquellos empresarios que remuneran adecuadamente a sus colaboradores.

El cumplimiento de las obligaciones fiscales se acreditaría con la declaración ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la certificación de profesionales independientes de que dicho pago cumple con las normas tributarias aplicables. Una buena política fiscal y la rendición de cuentas del gobierno son, en buena medida, la llave para la solución de graves problemas nacionales. Es indignante confirmar que los grandes capitales entregan al fisco entre uno y 5 por ciento de sus ganancias, mientras un pequeño empresario o un ciudadano paga 30 por ciento de sus ingresos; más lo es, saber que la imponente concentración de la riqueza en un pequeño grupo de personas es hoy en nuestro país uno de los principales obstáculos para el crecimiento económico y una elemental distribución de beneficios del esfuerzo nacional.

El respeto al medio ambiente no puede estar ausente en cualquier estrategia social. En esta propuesta se puede elaborar un protocolo por expertos en el tema, con parámetros adecuados a la rama de industria o servicios. En el otro 3 de 3, solicitado al sector empresarial, se podrán establecer indicadores, y quienes lo adopten se registrarían en las mismas instituciones donde hoy se lleva a cabo el 3 de 3, esto es, el Instituto Mexicano para la Competitividad y Transparencia Mexicana, las cuales informarían públicamente quienes han asumido voluntariamente el 6 de 6.

Con éste se busca favorecer una sinergia que fortalezca una nueva cultura de responsabilidad entre sociedad y Estado. Quienes lo suscriban no sólo tendrán credenciales suficientes para exigir otras obligaciones similares, sino que lograrán respeto y prestigio social, además de que se convertiría en factor para que clientes o proveedores, incluido al propio Estado, opten por su preferencia.