Madrid.

El fiscal del caso llamado Nóos, Pedro Horrach, ratificó que exigirá que Iñaki Urdangarin, esposo de Cristina de Borbón, hermana del rey de España, sea condenado a 19 años de prisión por los delitos de malversación y fraude. La acusación del sindicato Manos Limpias reiteró que la hermana de Felipe VI debe purgar ocho años de cárcel por ilícitos fiscales y su condición de cooperadora necesaria para tejer la trama de corrupción empresarial que se indaga. Horrach recomendó 16 de reclusión para Diego Torres, socio de Urdangarin.

El ministerio público español mantuvo su tesis de la nula responsabilidad penal de Cristina de Borbón.

El caso Nóos investiga una compleja trama de corrupción que se tejió en torno a Urdangarin, cuando éste era miembro muy activo de la familia real y se le facilitaba obtener contratos públicos para sus empresas. Entre las administraciones públicas que firmaron contratos a modo con su consorcio destacaban el gobierno de las islas Baleares, de la Comunidad Valenciana, Madrid y varios ayuntamientos diseminados por todo el país, la mayoría gobernados por el derechista Partido Popular.

La estructura

Horrach explicó en su escrito que Urdangarin y Torres pusieron en marcha una estructura hueca de contenido real y urdieron una maraña de facturación ficticia con el único objetivo de malversar dinero público. Por ello ratificó sus peticiones de condena. Horrach mantuvo su posición inicial en relación con Cristina de Borbón, para quien no pide sentencia aunque la considera responsable civil a título lucrativo y señala que ya ha aportado la multa que se le solicitó para paliar sus eventuales responsabilidades penales, que fueron de 587 mil euros.

Este es un criterio que no comparte la acusación particular de Manos Limpias, que reclama cárcel para la inculpada, al insistir en que el papel de ésta fue imprescindible –de ahí que la considere cooperadora necesaria– para que su esposo pudiera defraudar a la Agencia Tributaria facturando a través de la red de empresas gestionadas desde la sociedad llamada Aizoon.

El sindicato considera que Cristina de Borbón incurrió en una agravante, y fue haber interpuesto una sociedad para ocultar la verdadera identidad de los obligados tributarios.