Más de un centenar de organizaciones de derechos humanos, colectivos de la sociedad civil, académicos e investigadores de diversas universidades del país, así como grupos estudiantiles, exigieron una investigación pronta y expedita, y que se sancione a los responsables de las irregularidades y delitos cometidos en torno a las fosas clandestinas de Tetelcingo, Morelos, donde fueron exhumados 117 cuerpos.

También llamaron a las autoridades a garantizar la seguridad de las personas que han dinamizado la búsqueda, a los colectivos de familiares. a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y su rector, Alejandro Vera Jiménez, así como a quienes han participado en las búsquedas ciudadanas.

El estado de Morelos debe abstenerse de realizar cualquier acto de intimidación u hostigamiento hacia estas personas, dice la declaración firmada por el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Serapaz, Fundar, Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México, y Red Internacional de Migración y Desarrollo, entre muchos otros.

Advierten que ante la terrible realidad que vive el país en materia de desaparición, todas las instituciones del Estado deben asumir al máximo nivel su compromiso y responsabilidad para encontrar a las víctimas de ese delito. Reconocieron el trabajo realizado por la UAEM para garantizar los derechos de los afectados y sus familias.

La fiscalía local depositó en estas fosas más de 100 cuerpos de manera irregular durante 2014, sin haber integrado las carpetas de investigación por cada uno de los cadáveres, e incluso falsificando documentos, como actas de defunción.

El hallazgo de esta fosa clandestina ocurrió debido a la investigación que realizó la familia del joven Oliver Wenceslao Navarrete, secuestrado y asesinado en 2013.