El delegado federal del Trabajo en Baja California Sur, José Ernesto Álvarez Gámez, se presentó esta semana en la mina El Boleo, en Santa Rosalía, para convencer a los obreros despedidos por esa firma de que recibieran su liquidación. Les dijo que de todos modos podrían votar el día del recuento de sufragios que se llevará a cabo por la demanda de titularidad de su contrato colectivo de trabajo interpuesta por el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgico y Similares de la República Mexicana.

Es decir, “trató de engañar a los trabajadores para que aceptarán los cheques de la empresa que ostenta esta mina y que legalmente se denomina Servicios y Desarrollos Meseta Central, ya que es falso que un trabajador indemnizado pueda votar en un recuento. Por esta razón fue abucheado y rechazado por los trabajadores, informó Alfredo Meza, representante del gremio en la entidad.

Los obreros calificaron al delegado de vendido y lo acusaron de denigrar el cargo que ostenta en la Secretaría del Trabajo, por lo que advirtieron que pedirían su despido ante el titular de la dependencia, Alfonso Navarrete Prida.

En tanto, dijo, el director corporativo de esta empresa de capital coreano, Kyoung Jin Park, afirmó frente a los trabajadores: Al fin hay muchos mexicanos desempleados que quieren el trabajo de los despedidos.

Ante diversas violaciones laborales cometidas por esta compañía, los trabajadores, primero, iniciaron este año un paro de labores y luego recurrieron al sindicato nacional de mineros, encabezado por Napoleón Gómez Urrutia, para solicitar su adhesión al mismo, ya que la firma coreana tiene un contrato colectivo de protección patronal.

En respuesta, la empresa despidió a 130 de sus 800 trabajadores y empezó una serie de acciones de represión y hostigamiento; rehúsa reconocer el derecho de los obreros a la libre sindicalización, se niega a dialogar e incluso amenaza con despedir a todo el personal. En tanto, la Secretaría del Trabajo ha retardado inexplicablemente la realización del recuento, según indicó el gremio nacional minero.

Advirtió que además de que las autoridades laborales del país deben frenar las ilegalidades que comete la empresa, la cual incluso está poniendo en entredicho al gobierno de Corea, porque opera con capital mixto, es decir, de los sectores público y privado de ese país, el delegado federal debe ser investigado para conocer los verdaderos nexos que tiene con los directivos de El Boleo, ya que está operando para sus intereses, no para los de la justicia laboral.