La Comisión Permanente del Congreso de la Unión convocará el martes próximo a un periodo extraordinario de sesiones en la Cámara de Diputados y en el Senado, a celebrarse entre el 13 y el 17 de junio.

Esa determinación se confirmará mañana en la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, tras un encuentro entre los coordinadores de las fuerzas políticas representadas en San Lázaro.

La agenda de trabajo para diputados y senadores la conformará el desafuero a la diputada panista del Congreso de Sinaloa Lucero Sánchez, a quien se vincula con el narcotraficente Joaquín El Chapo Guzmán Loera y se imputa el uso irregular de documentos oficiales para ingresar al penal federal de El Altiplano en septiembre de 2014.

Además, cuatro temas sustantivos por aprobarse, incluso corre prisa a los legisladores darles trámite porque en el caso de la llamada miscelánea penal, el plazo constitucional para aplicarse vence el 16 de junio.

El coordinador del partido Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, confirmó la materia de trabajo en la Cámara de Diputados para mediados del mes próximo: el sistema nacional anticorrupción, el mando mixto policial (o mando único, como pretenden PRI, PVEM, PAN y PRD), la miscelánea penal y la despenalización de la mariguana.

En el caso del sistema nacional anticorrupción, de acuerdo con el dictamen aprobado por los diputados, autorizaría a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a investigar y sustanciar las faltas administrativas graves y los hechos de corrupción.

Si la ASF, a raíz de sus investigaciones, determina la existencia de una probable responsabilidad administrativa o penal, podría promover las acciones procedentes ante cualquier autoridad competente que imponga sanciones.

Además de la ASF, la Secretaría de la Función Pública (SFP) y un tribunal federal serán los responsables de auditar el uso de los recursos públicos e investigar, con las más amplias facultades, posibles actos de corrupción.

Las leyes dictarán las circunstancias en las que se deba sancionar penalmente por causa de enriquecimiento ilícito a los servidores públicos que, durante el tiempo de su encargo, adquieran bienes cuya procedencia no puedan justificar.

Esta reforma tendrá gran impacto sobre los particulares, ya que se impondrán sanciones económicas, se inhabilitará para realizar contratos con el gobierno o se aplicarán condenas de resarcimiento de daños y perjuicios ocasionados al Estado. Además, cuando las empresas participen en hechos de corrupción, la autoridad podrá ordenar la suspensión de actividades, la intervención o la disolución.

Uno de los puntos más polémicos de la discusión es que el presidente de la República no podrá ser acusado por actos de corrupción o conflicto de intereses. El artículo 108 constitucional establece que, durante su periodo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común.

Sobre el particular, el comité técnico anticorrupción y antilavado del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas señaló que esta circunstancia deja un vacío en el sistema de transparencia y rendición de cuentas del país.

En torno a la propuesta panista de mando único policial, existe controversia, porque el partido Movimiento Ciudadano presentó una propuesta de mando mixto, que se sustenta en el principio de subsidiariedad y en los controles democráticos, lo cual garantiza la intervención de una policía de nivel superior en el caso de los estados y municipios, que sea determinada por un órgano técnico específico.

El PAN argumenta que deben existir tantas policías municipales fuertes, capacitadas y sólidas como sean posibles, y tanta intervención de las corporaciones estatales y federal como sea necesaria.

Las probables acciones de esas fuerzas tendrán que ser definidas por un órgano técnico facultado para ello y no por un mandatario estatal o por la Secretaría de Gobernación.

El PRI aceptó un esquema flexible para las corporaciones policiales en el país, y descartó impulsar la propuesta presidencial de mando único.

Por lo que hace a la miscelánea penal, en la última sesión de la Cámara de Diputados (del pasado periodo ordinario de sesiones), ésta se aprobó por 403 votos en favor y 24 abstenciones.

El dictamen contenía 232 reformas a 10 ordenamientos. El objetivo es armonizar los que tienen relación con el nuevo sistema de justicia penal acusatorio oral, para superar las reminiscencias del sistema inquisitorio, que aún existe.

Entre los puntos más sobresalientes están que se garantiza el respeto a los derechos humanos de la víctima o el ofendido, y se brinda una figura más activa del asesor jurídico, además de fomentar la utilización de medios electrónicos durante el procedimiento.

En el caso del uso de la mariguana para uso medicinal, propuesta de Enrique Peña Nieto, se pretende autorizar el uso de medicamentos elaborados con la yerba e ingredientes activos. Se aclara que los medicamentos estarían sujetos a estrictos controles sanitarios; autorizar la investigación química; que no se considere delito la posesión de hasta 28 gramos, y una amnistía a las personas que actualmente se encuentran presas o sujetas a proceso por haber portado cantidades inferiores a 28 gramos.