Año y medio después de que fue presentada, la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto en materia de seguridad pública, mejor conocida como mando único policiaco, se votará en comisiones del Senado este lunes, con varias modificaciones, entre ellas la eliminación de la posibilidad de que el gobierno federal disuelva ayuntamientos infiltrados por el crimen organizado.

De acuerdo con el proyecto de dictamen que se votará, se incluyeron otras nueve iniciativas, que tienen el aval de PRI, PAN y PRD. No se quita a los municipios la función de seguridad pública, como se proponía en la reforma constitucional del Ejecutivo, y en lugar de un mando policiaco único se establece un esquema intermedio.

Se trata de un mando mixto en el que se mantienen las policías Federal, estatales y municipales, pero estas dos últimas sujetas a una certificación que acredite que están capacitadas para prestar el servicio de seguridad pública en su demarcación.

Se trata de una reforma a tres artículos de la Constitución, el 115, 123 y 21. En este último se establecen las muchas facultades del secretario ejecutivo de ese sistema, quien a petición de presidente de la República, del gobernador, de los propios municipios o de oficio, podrá remover al mando policiaco de algún ayuntamiento o estado y delegar temporalmente la función en otro orden de gobierno.

Ello significa que el presidente de la República puede pedir que se delegue la función de seguridad pública de un municipio al gobierno estatal e incluso a la Federación. Un gobernador puede pedir, asimismo, que su corporación estatal asuma el mando en algún ayuntamiento.

Igualmente, el propio municipio puede pedir que el estado o la Federación se hagan cargo de sus tareas de seguridad, ya que no puede hacerlo.

El jefe a cargo, punto polémico

Uno de los puntos que provocó más discusión entre las fuerzas políticas fue decidir quién estará a cargo de ese proceso de certificación. PAN y PRD insistieron en meses recientes en que lo llevara a cabo un órgano colegiado independiente, nombrado por el Congreso.

Al final el PRI se impuso y esas tareas quedarán a cargo del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que depende del presidente de la República.

De entrada, se señala en la exposición de motivos: “(el secretario ejecutivo) está facultado para ordenar evaluaciones y auditorías a las corporaciones policiacas, que podrán conducir a la formulación de observaciones y recomendaciones, con objeto de que se mejoren o corrijan los procesos de actuación institucional.

Si el cuerpo de seguridad pública no cumple con las recomendaciones, el secretario ejecutivo designa a un interventor que dé seguimiento al cumplimiento de las mismas. Si aun así la corporación sigue incumpliendo con las bases del sistema nacional de seguridad, se pasa a un tercer nivel de intervención, que es la remoción de mandos.

La reforma establece que, en caso de intervención en algún municipio o entidad, el costo presupuestal de las funciones de seguridad pública correrán a cargo del orden de gobierno que ha sido intervenido o cuyas funciones se han delegado a otros, es decir, ya no tendrá el mando de sus policías, pero deberá seguir pagando el costo del servicio a quien lo llevará a cabo. Ello, se explica en el proyecto, representará un incentivo para apurarse a capacitar a sus policías y regresar lo más pronto posible al mando de la corporación de que se trate.

En la exposición de motivos se resalta que ese modelo de mando mixto, según coinciden académicos y especialistas a escala mundial, puede ser un primer paso hacia la solución de los problemas de inseguridad y de violencia. La reforma propone medidas para fortalecer a las corporaciones policiacas de los tres niveles de gobierno.

En el artículo 115 se establece que, independientemente de contar o no con una policía certificada, los municipios tendrán siempre a su cargo las funciones de vigilancia de la comunidad y mantenimiento del orden público que les asigne el bando de policía y buen gobierno.