Aunque entre 1990 y 2015 el país tuvo avances en la cobertura de salud, vivienda y educación, el progreso no ha sido igual en las 32 entidades y el reto aún es la calidad de los servicios, advirtió el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

En materia de acceso a servicios de salud, la carencia se redujo en promedio de 58.6 por ciento de la población en 2000 a 16.7 en 2015, pero hay entidades que superan este último porcentaje, como la Ciudad de México, donde 20.2 por ciento de los habitantes carecen del servicio o Michoacán, en el cual el rezago llega a 25.2 por ciento.

En educación, la baja en el rezago a nivel nacional pasó de 26.6 por ciento en 1990 a 18.6 por ciento el año pasado, pero si se desagregan los datos por rango de edad se tiene que en Chiapas una de cada dos personas de más de 16 años tiene atraso educativo. En la población de seis a 15 años, este estado mantiene el mayor rezago con 8.1 por ciento de su población, ante el promedio nacional de 4.2 por ciento, aunque en 1990 32.1 por ciento de los niños chiapanecos tenían esa carencia.

Estos datos se desprenden del documento, divulgado ayer, 25 años de evolución de las carencias sociales a partir de instrumentos censales, realizado por el Coneval con base en los censos de este periodo y a la encuesta intercensal del año pasado.

En cuanto a vivienda, se evaluaron los rubros de techos, muros, pisos y hacinamiento, así como los servicios básicos. En este último rubro se observó que la mayor disminución de la carencia se dio en drenaje, ya que de 40.3 por ciento de viviendas que a nivel nacional no tenían el servicio hace 25 años, ahora son 7.9 por ciento. En Oaxaca, 26.7 por ciento carecen aún del servicio, en Guerrero 22.9 y en Chiapas 15.3. También en materia de cobertura eléctrica se dio una disminución, ya que bajó de 13.1 por ciento en 1990 a 0.9 en 2015.

El organismo explicó que al igual que en 2011, y este año con la información de 2015, se obtuvieron indicadores de carencia social de rezago educativo, acceso a los servicios de salud, calidad y espacios en la vivienda y servicios básicos de los hogares. El resto de los datos que forman parte de la medición oficial de pobreza (ingreso, acceso a la alimentación, a la seguridad social y el grado de cohesión social) no pueden calcularse directamente con la información censal, precisó.