El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de Calzado Sandak, Gustavo Labastida, fue liberado ayer luego de más de nueve meses de reclusión, tras haber sido acusado injustamente por el consorcio Bata Internacional por supuesto despojo, lo que no pudo probar la empresa en tribunales.

El sindicato denunció que la acusación contra Labastida fue un chantaje de la trasnacional, ya que representantes legales de la misma condicionaron el desistimiento de todos los trabajadores de su contrato colectivo, a cambio de liberar al dirigente. Advirtieron que de no hacerlo habría acciones penales contra otros sindicalizados.

El gremio ha sostenido una intensa lucha desde hace varios años por el respeto a sus derechos laborales y su libertad sindical. El conflicto comenzó hace casi seis años, luego de que la trasnacional, que es una de las más grandes productoras de calzado a nivel mundial, puso en marcha el despido masivo de trabajadores, ofreciéndoles que laboraran bajo el esquema de destajo y maquila a domicilio y les anunció que daría por terminado el contrato colectivo.

Desde 2010 la compañía comenzó unilateralmente el desmantelamiento de la planta de Calpulalpan, en Tlaxcala, por lo que los trabajadores emplazaron a huelga en tres ocasiones, mismas que desechó la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del estado, la cual le ha dado en todo momento la razón a la empresa y ha fallado siempre en contra de los empleados, detalló el sindicato.

Sostuvo que el último episodio del conflicto fue el encarcelamiento de Labastida, a quien la empresa denunció por el supuesto delito de despojo de la planta, el cual nunca se configuró, dado que la compañía tiene posesión de la misma.

Luego de que en 2012 volvió a anular del derecho de huelga de los obreros, éstos señalaron que estaban dispuestos a regresar a laborar y fue la empresa la que se ha negado a cumplir con esta resolución.

El consorcio que tiene plantas en 70 países, se niega a reconocer al sindicato y el contrato colectivo de trabajo, y en varias ocasiones ha sacado maquinaria de la planta de Calpulalpan, e insiste en que los empleados fabriquen las piezas de calzado a destajo.

La empresa ha contado además con el apoyo del actual gobierno estatal, pues funcionarios del mismo han fungido como intermediarios para tratar de convencer a los trabajadores de que acepten laborar bajo los esquemas que propone el consorcio, es decir, mediante labores a domicilio y renunciar a su contrato colectivo de trabajo, planteó el sindicato.