o siempre ni en todos los aspectos resulta aplicable el lema publicitario de algunos medios de comunicación que reza: información es poder.

Conlleva efectividad, sin duda, cuando la información es, sobre todo, veraz y oportuna, porque ofrece la posibilidad de tomar decisiones que pueden cambiar el rumbo de una situación, pero cuando está desfasada no es de gran utilidad.

Viene el tema por la orden que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales giró al Archivo General de la Nación para que permita el acceso a los expedientes integrados por la desaparecida Dirección Federal de Seguridad sobre integrantes de movimientos sociales y políticos.

La resolución precisa que sólo habrá acceso directo a los expedientes que hayan cumplido el plazo de clasificación de datos personales (30 años), lo que significa, ni más ni menos, que esa información ya es historia.

Muchas personas cuyos seres queridos desaparecieron y estarían interesadas en conocer estos datos muy probablemente ya murieron, y los que viven difícilmente podrían intentar que se haga justicia, pues si el Estado nada hizo en su tiempo para esclarecer su desaparición, el mismo desinterés debe de tener ahora.

Habría que imaginar que tuvieran que pasar 30 años para saber con certeza qué ocurrió con los 43 estudiantes desaparecidos de la escuela normal rural de Ayotzinapa. Para entonces la mayoría de los padres de los muchachos habrían fallecido y serían quizás los hermanos, primos o sobrinos quienes conocerían la información de los acontecimientos, siempre apegada a la versión gubernamental.

Los hechos están consumados y la posición del Estado, definida; por tanto, esperar tanto tiempo para saber algo de lo que tampoco se tiene certeza no puede considerarse mejoría en absoluto. Lo más acertado sería legislar para exigir a la autoridad que dé a conocer la realidad en el momento oportuno, pero, sobre todo, se le obligue a proceder con justicia y apego a la ley.

Luego, pues, no parece haber nada que festejar.