n las últimas semanas hemos sido testigos de un cambio en las políticas conservadoras del gobierno mexicano en torno a la criminalización del consumo de mariguana y las políticas públicas sobre la diversidad sexual. Parecería que las luchas de los sectores progresistas de la sociedad sobre esos temas finalmente están impactando las perspectivas de la administración actual.

Sin embargo, estas modificaciones en la retórica gubernamental deben contextualizarse en una serie de eventos políticos que han puesto en entredicho la credibilidad del Estado mexicano frente a la comunidad internacional, como fue la denuncia de las irregularidades en torno a la investigación sobre desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, documentadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La no renovación de su mandato ha sido percibida por la opinión pública como una prueba más de la falta de disposición del gobierno mexicano para esclarecer el caso. No sólo se negó a facilitar la investigación del GIEI en las instalaciones del 27 Batallón de Infantería, ubicadas en las inmediaciones de Iguala, sino que en diversas declaraciones de altos funcionarios y autoridades castrenses se ha deslindado a los efectivos militares de la región de cualquier responsabilidad en el caso.

Es en este contexto de complicidades e impunidad que el pasado 29 de abril, el pleno del Senado aprobó una serie de reformas violatorias a los derechos humanos que amplían el fuero militar, fortaleciendo la injerencia del aparato castrense en asuntos civiles. En contra de todas las recomendaciones hechas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se ampliaron las prerrogativas del Ejército en asuntos civiles mediante la reforma y derogación de diversas disposiciones del Código de Justicia Militar (CJM) y la creación del Código Militar de Procedimientos Penales (CMPP). Paralelamente, se dio carpetazo al caso Tlatlaya, con la liberación por falta de pruebas de los tres soldados que aún estaban presos, acusados de la ejecución extrajudicial de unas 15 personas, ocurrida el 30 de junio de 2014.

Los organismos de derechos humanos han señalado la gravedad de estas reformas militares que no cumplen con los estándares de una correcta administración de justicia, así como del mensaje de impunidad y permisibilidad que se envía a la sociedad al liberar a los presuntos responsables de la masacre. El desprestigio que enfrenta el gobierno mexicano por los casos de Ayotzinapa y Tlatlaya, por los miles de desaparecidos en el país, por las fosas comunes que cubren el territorio y por el fracaso de la llamada “guerra contra el narco” volvió urgente crear una cortina de humo que distrajera a la opinión pública de esta cronología de agravios.

Es en este contexto que el presidente Enrique Peña Nieto retoma el discurso de un amplio sector de la sociedad mexicana, que ha venido cuestionando la estrategia de guerra contra las drogas. Por primera vez y de manera sorpresiva habló de la necesidad de pasar de una mera prohibición, a una efectiva prevención y una eficaz regulación. El 23 de abril envió al Senado la iniciativa de reforma a la Ley General de Salud y al Código Penal Federal, en la que propone legalizar la mariguana para usos medicinales y terapéuticos. La reforma beneficiaría a los y las consumidoras, pero no tendría ninguna relevancia para las mujeres y hombres pobres presos por narcomenudeo, pues la cantidad autorizada de 28 gramos equivaldría a unos cuatro cigarrillos. Se trata más bien de una estrategia mediática para presentar el rostro de un gobierno progresista que sigue las recomendaciones UNGASS 2016 (Sesión Especial de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre Drogas, por sus siglas en inglés).

En esta misma línea el 17 de mayo pasado, en el contexto del Día Internacional contra la Homofobia, el Presidente dio a conocer un paquete de iniciativas enfocadas a evitar la discriminación por razones de orientación sexual, las cuales contemplan la posibilidad de modificar el género en los documentos oficiales de identidad y el derecho de personas del mismo sexo a contraer matrimonio. El nuevo rostro progresista del gobierno se vistió de los colores del arcoíris, mientras la impunidad, la violencia y las complicidades de lo que algunos analistas han llamado el narcoestado continúan caracterizando la vida política del país. Quiero cerrar retomando el llamado de atención de mi compañera Mariana Favela, quien señala al respecto de este acontecimiento histórico: ¿Acaso el Estado feminicida no está usando el arcoíris para tapar las redes de tráfico y de explotación sexual? ¿Acaso el Estado feminicida no está usando el arcoíris para tapar las desapariciones forzadas? ¿Cómo nos plantamos frente a eso? ¿Estamos dispuestas a colaborar? ¿Quienes asistieron a la reunión del 17 de mayo no creen que en esa sala estaban quienes administran el horror, los responsables de las redes de explotación infantil y de pederastia?.

* Investigadora del Ciesas