reparaos, mexicanos pagadores, que el gobierno federal cocina un nuevo aumento a los precios de gasolinas y diésel, ahora con el pretexto de la contaminación y disfrazado de impuesto verde, con todo y que tal gravamen ya está incorporado en el precio final de los combustibles al consumidor.

La noticia dice así: “el titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Pacchiano, expuso en el Senado que además del endurecimiento del programa Hoy no circula, se analizan otras 168 medidas, entre ellas la posibilidad de incrementar (el precio de) la gasolina y dedicar esos recursos a mejorar el transporte público… Por su parte, Mario Molina, premio Nobel de Química, recomendó (…) el cobro de algunos centavos extra al litro de gasolina; se trata de un pequeño sobreprecio al uso de los combustibles, lo que dejaría un dineral, que puede ser etiquetado para ayudar a controlar la contaminación... Pacchiano confirmó que se analiza esa opción” (La Jornada, Andrea Becerril).

Pues bien, de acuerdo con el marco vigente del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS), en el precio final al consumidor de gasolinas y diésel se incluye una fuerte carga fiscal (IVA aparte) que representa alrededor de la mitad de dicho precio, y la recaudación se reparte en tres cuotas: a estados y municipios, a emisiones de carbono y a combustibles fósiles por las emisiones de carbono y el daño que éstas generan al medio ambiente.

La última de las cuotas citadas es la mayor (alrededor de 70 por ciento, en promedio, del total) y al cierre de febrero pasado representó 3.99 pesos en el caso de la Magna, 3.62 pesos en el de la Premium y 5.52 pesos en el del diésel (adicionalmente se aplica el IVA a una tasa general de 16 por ciento sobre el precio, sin considerar la cuota estatal del IEPS).

De acuerdo con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados (CEFP), en orden de magnitud la segunda cuota del IEPS es la que se destina a estados y municipios, que se actualizan conforme a la inflación. La recaudación obtenida por este concepto, detalla, se destina en una proporción de 9/11 a las entidades federativas en función del consumo efectuado en su territorio y los 2/11 restantes al Fondo de Compensación, que se distribuye entre las diez entidades federativas con menor nivel de producto interno bruto per cápita no minero y no petrolero.

El CEFP detalla que en el precio final al consumidor la carga fiscal total (los datos son a febrero pasado) representa 47.4 por ciento en el caso de la Magna; 39.3 en el de la Premium y 56.8 en el del diésel, para un promedio de 47.8 por ciento, impuesto verde incluido, y explica que la ley del IEPS permitirá, en 2016, reducir la banda de fluctuación de los precios en un monto similar a la inflación, por lo que no es previsible observar reducciones en los precios de estos combustibles, aun cuando los precios del petróleo se ubiquen en niveles tan bajos como los actuales.

Cuando empezó el gobierno peñanietista –primero de diciembre de 2012–, el litro de gasolina Magna se vendía a 10.81 pesos y el de Premium a 11.37. A estas alturas, tres años y medio después, los precios son de 13.16 y 13.95 pesos, respectivamente, es decir, un incremento de 21.7 y 22.7 por ciento, en cada caso. En el mismo periodo el precio petrolero se desplomó alrededor de 60 por ciento.

El CEFP advierte que el aumento de los problemas ambientales en el mundo ha obligado a varios países a diseñar políticas públicas que coadyuven a reducir la contaminación ambiental sin afectar el crecimiento económico. En los últimos años, diversas organizaciones y gobiernos han puesto en marcha algunos ordenamientos jurídicos para regular la emisión de factores contaminantes, así como acciones de carácter fiscal que penalicen el mal uso de recursos naturales y la contaminación del medio ambiente. Los gobiernos tienen a su disponibilidad una gran variedad de herramientas como son la aplicación de leyes para el cobro de impuestos ambientales, subsidios y regulaciones ambientales.

El problema es que el gobierno mexicano no ha reducido la contaminación ambiental, mientras el crecimiento económico brilla por su ausencia. Tal vez la tecnocracia lo entendió al revés: aumentar la contaminación y reducir el crecimiento económico, y allí están los resultados.

Bien. Ese es el detalle fiscal y financiero, pero como en tantos otros renglones en los que nunca se conoce bien a bien en qué se utilizan los impuestos que pagan los mexicanos, aquí cabe la pregunta de siempre: ¿dónde quedaron los dineros, puntualmente cobrados a los consumidores, por el citado gravamen verde aplicado a los combustibles?

Lo anterior, porque resulta obvio que no se canalizaron al fin originalmente previsto y autorizado por el Legislativo, toda vez que la contaminación está a tope en la región (aunque no sólo en ella) donde se registra el mayor consumo de combustibles en la República. Y como nadie sabe, nadie supo, entonces la brillante idea es aumentar el precio de la gasolina y demás combustibles para dedicar esos recursos a mejorar el transporte público (Pacchiano dixit), o lo que es lo mismo, cobrar algunos centavos extras al litro de gasolina, un pequeño sobreprecio, que puede ser etiquetado para ayudar a controlar la contaminación (Molina dixit).

Entonces, la genial idea del gobierno federal es aplicar un segundo impuesto verde al precio final de los combustibles –lo que implicaría doble tributación, a todas luces ilegal– o aumentar la tasa del existente, lo que, en cualquier de los casos, impactaría el de por sí agujereado bolsillo de los mexicanos. Por cierto, si éstos quieren protestar, marchar o mentar madres, ahora tendrán que hacerlo sólo por la noche, pues esa es otra de las propuestas del titular de la Semarnat, en una suerte de democracia sólo para noctámbulos.

Las rebanadas del pastel

Y ya vienen los voraces empresarios importadores de combustibles, quienes difícilmente ofrecerán a los consumidores autóctonos gasolinas más baratas, pues no se quitarán de encima la tremenda carga fiscal que la Secretaría de Hacienda carga a dichos productos (a menos que el ministro del(d) año los subsidie). Sería factible, tal vez, si aquéllos decidieran sacrificar utilidades, lo cual es impensable, o si el producto comprado en el extranjero para comercializar en territorio mexicano es de ínfima calidad y, por lo mismo, de muy bajo precio, aunque esto tampoco es creíble, porque el gobierno federal ya lo hace y exige su derecho de antigüedad.

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