l Fondo Monetario Interna-cional (FMI) acaba de reconocer que la corrupción es uno de los más críticos problemas a escala global, trátese de países desarrollados o no. Con base en la Convención contra la Corrupción de la Organización de Naciones Unidas, el FMI ha definido la corrupción como el abuso intencional –por ejecución u omisión– de funciones o posiciones por parte de un servidor público, con la intención de violar la ley en el ejercicio de sus funciones y obtener con ello lucro o ventajas indebidas para sí o para otras personas o entidades. Es, por tanto, una ofensa criminal que siempre involucra la participación de un empleado público de cualquier nivel. También se considera corrupción la perversión de procesos legislativos con fines de beneficio indebido, esto es, cuando legisladores toman decisiones impulsados por intereses privados, lo que es ya una de las formas más eficientes de la corrupción político-empresarial. Ninguna sociedad, por tanto, es inmune a actos de corrupción. Sin embargo, las capacidades de cada Estado para cumplir con su obligación de combatirla son muy diferentes, y dependen del nivel de transparencia, legalidad y efectividad de sus instituciones. En todos estos ámbitos México ocupa una de las posiciones más mediocres y vergonzosas del mundo.

Baste recordar que en mayo de 2015, y tras decir que la corrupción en México es de orden a veces cultural, Enrique Peña Nieto ofreció impulsar un Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Lo hizo tras la farsa de su presunta autoexoneración por el caso de la casa blanca y ante la aparición del Índice de Percepción de la Corrupción 2014 de Transparencia Internacional, que ubicó a México como el país más corrupto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, puesto que ha vuelto a ocupar en 2015. Hasta el momento, el SNA ha resultado una simulación: el Partido Revolucionario Institucional (PRI) mantiene el bloqueo a las leyes secundarias que otorgarían a dicho sistema la independencia necesaria para garantizar, al menos de letra, su efectividad. Peña Nieto también reprocha a los mexicanos su mal humor social, su necedad de hablar mal del gobierno y del país, y emprende la enésima dosis de propaganda oficialista al grito de ¡Unámonos!, ¡Por un México fuerte y próspero!, ¡Por un futuro de grandes oportunidades! Mientras tanto, el Servicio Exterior Mexicano recibe la orden de construir para el mundo un espejismo que niegue a toda costa la gravedad y consecuencias de la inocultable y serial corrupción que encabeza el Presidente con su círculo íntimo.

Pero la realidad se impone. Las condiciones de privilegio y dominio de quienes usan el poder para corromper y corromperse, ya sea desde las más altas posiciones políticas hasta los más ínfimos niveles burocráticos, siguen generando redes de complicidad, clientelismo y violencia que arrastran a grandes sectores de la población a vivir al ritmo de la ilegalidad, la mentira y la deshonestidad cotidianas. El daño es ya de dimensiones históricas debido a los costos sociales y económicos que hemos pagado y que seguirán pagando varias generaciones: pobreza, precariedad educativa y de salud, quiebra del estado de derecho, destrucción de las condiciones de convivencia, pérdidas económicas exorbitantes, violaciones a los derechos humanos, censura, elevada desigualdad social, inequidad de género, mayor violencia contra las mujeres, liquidación de la ética pública, saqueo del patrimonio cultural y ambiental, aumento exponencial de la delincuencia, odio generalizado, violencia extrema, democracia simulada, inestabilidad política, desprestigio mundial, etcétera.

La corrupción en nuestro país ya se ha vuelto sistémica y Peña Nieto saca conclusiones frívolas y deterministas: los mexicanos son corruptos y no quieren cambiar. La sentencia es la confirmación de que el PRI y sus aliados han llevado a México de la dictadura perfecta a la corruptocracia totalitaria y cínica. Como sociedad civil estamos, por tanto, en las peores condiciones para revertir la corrupción, pues el país se encuentra secuestrado por una élite político-empresarial corrupta que ha desarrollado múltiples y eficientes mecanismos de impunidad y que se ha convertido en el principal obstáculo para el futuro del país. López Obrador llama a esa élite la mafia del poder, generando odio irracional en sus detractores, quienes olvidan que más allá del mensajero, el mensaje es contundentemente cierto. La disyuntiva es nítida: o realizamos una revolución no violenta que desmantele este régimen y reinstale la justicia social y el estado de derecho, o permitimos que la corrupción y su violencia acaben por aplastarnos a todos. Debemos recordar, una y mil veces, que a la paz verdadera y sus beneficios sólo se llega por la justicia. No nos queda mucho tiempo.

Julio Anguita, hombre extraordinario y referente moral de la izquierda española, declaró recientemente que hay corrupción en los políticos cuando vienen de un lugar podrido, refiriéndose a la profunda corrupción del gobernante Partido Popular de su país. ¿Olvidaron los mexicanos el lugar de donde vienen Peña Nieto y sus íntimos? Anguita también hizo referencia a la necesidad de rescatar la honestidad en el ejercicio de la política: se debe cambiar el mundo predicando con el ejemplo, por ello, entre los líderes de la izquierda en todo el mundo la falta de ejemplo en su vida se soporta menos. Gandhi decía: mi vida es mi mensaje.

¿Cuál es el mensaje que está dando Peña Nieto a la sociedad y a la historia de nuestro país?, ¿unámonos?, ¿por un México fuerte y próspero?, ¿por un futuro de grandes oportunidades?, ¿es en serio? Así no, así no...