El incremento en el precio de la gasolina que propone la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para hacer frente a la mala calidad del aire es socialmente inviable y habrá un repudio generalizado si esa medida se aplica, señaló Gustavo Alanís, director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).

Consideró que ésta no es la solución, ni tampoco la norma emergente de verificación vehicular, sino que se requieren políticas públicas a mediano y largo plazos, ya que lo que está en juego es la calidad de vida y la salud de las personas.

Ante el adelanto de algunas de las medidas que prevé imponer la Semarnat, Alanís consideró que el programa Hoy no circula y la verificación vehicular están superados, ya que en estos días la aplicación del primero para todos los vehículos, sin importar el tipo de holograma, así como el programa doble en días de contingencia, han dejado ver que no son la solución porque los niveles de contaminación en el valle de México siguen altos.

En entrevista mencionó que la norma emergente de verificación vehicular tampoco es la solución; quizá para seis meses o un año, pero se requieren medidas de mediano y largo plazos.

Recordó que el Cemda ha propuesto actualizar las normas de salud de los contaminantes criterio (ozono, partículas suspendidas PM10 y partículas finas de 2.5 migrogramos) de acuerdo con los estándares de la Organización Mundial de la Salud.

Actualizar estándares

También se requiere actualizar las normas de tecnologías para el control de emisiones en vehículos nuevos ligeros y pesados (NOM 042 y 044), así como garantizar la distribución en todas las gasolineras del país de diésel limpio de ultra bajo azufre. Asimismo, actualizar los estándares de tecnología aplicables a los vehículos para que se ajusten al modelo vigente en Estados Unidos y Europa (EPA10 y EURO VI).

El Cemda también pidió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitir la recomendación que desde hace más de dos años diversas organizaciones de la sociedad civil solicitaron por las omisiones relativas a la obligación del Estado mexicano –particularmente la Semarnat y Petróleos Mexicanos– de garantizar buena calidad del aire para los mexicanos, y por las violaciones al derecho humano a la salud y a un medio ambiente sano.