a Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció ayer en un comunicado que la grave crisis financiera que enfrenta la obligará a despedir a 40 por ciento de su personal, a cance- lar las visitas a países del continente y a suspender las audiencias previstas para julio y octubre, en las que los comisionados tendrían que escuchar a víctimas, organizaciones sociales y representantes gubernamentales de diversos casos en litigio. Con ello se agravará el rezago en los procesos en curso por violaciones a los derechos humanos, alertó el organismo.

Cabe recordar que la CIDH es una entidad dependiente de la Organización de Estados Americanos, de la que recibe una parte sustancial de su presupuesto (casi 5 millones de dólares anuales); otras entidades donantes, como la Unión Europea, redujeron el año pasado sus aportaciones, y las de gobiernos de la región son apenas de 214 mil dólares. En contraste, un cálculo realizado por la secretaría ejecutiva del organismo humanitario continental fija en unos 30 millones de dólares anuales el presupuesto deseable para su adecuado funcionamiento.

Es importante considerar que, entre todas las instancias del llamado sistema interamericano (es decir, de las organizaciones en las que confluyen Estados Unidos y Canadá con los países de Latinoamérica y el Caribe), la CIDH es de las pocas que desempeñan un papel imprescindible, habida cuenta de la debilidad de las instituciones de procuración de justicia y de la figura del ombudsman en diversas naciones de la región.

En nuestro país la CIDH ha desempeñado un papel fundamental en el análisis de varios casos de violaciones graves a los derechos humanos. El más reciente es el de los hechos ocurridos en Iguala el 26 de septiembre de 2014, en cuyo esclarecimiento el organismo interamericano ha participado como coadyuvante, tanto por medio de visitadores como con la conformación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), cuyo trabajo permitió detectar errores y desviaciones de la pesquisa oficial y resultó un apoyo invaluable para las familias de las víctimas.

Resulta necesario que los gobiernos de la región asuman la responsabilidad de aportar de manera conjunta el presupuesto que la CIDH requiere para un funcionamiento óptimo. De no ocurrir así, se corre el riesgo de perder uno de los factores de contención de las autoridades en materia de derechos humanos y se incrementarán los niveles de impunidad.

Cabe esperar que los gobernantes del hemisferio no caigan en el extravío de negar fondos a un organismo que, por el propio carácter de su misión, los criticará y amonestará cuando cometan atropellos de gravedad en contra de los ciudadanos. Actuar en ese sentido sería un acto de miopía y mezquindad imperdonables que debilitaría la vigencia del estado de derecho.

Por ello, las sociedades del continente deben considerar inaceptable un colapso de la CIDH por razones presupuestales y exigir a sus respectivas autoridades que acudan al rescate de esa instancia multilateral.