La Procuraduría General de la República (PGR) llevará a cabo nuevos peritajes y definirá la responsabilidad penal en el delito de homicidio calificado en contra de tres de los ocho militares que participaron en el enfrentamiento ocurrido el 30 de junio de 2014 en una bodega de San Pedro Limón, en el municipio de Tlatlaya, estado de México, que dejó un saldo de 22 personas fallecidas.

Funcionarios que participan en el gabinete de seguridad nacional señalaron que el caso podría ser consignado nuevamente en unos cuatro meses, ante los requisitos que deberán cumplir para que la consignación resista la revisión de tribunales federales.

Una de las partes más importantes de los datos que el Ministerio Público Federal tendrá que consolidar, señalaron, son los peritajes que acrediten que dentro de la bodega se registraron ejecuciones u homicidios calificados en momentos en que los presuntos integrantes de un grupo delictivo ya estaban rendidos.

Ello, señalaron las fuentes consultadas, radica en la demostración de que se trató de una ejecución más allá de señalamientos como los hechos anteriormente por autoridades de que por el tipo de características de las lesiones observadas en el cadáver marcado con el número 3 y 4, se determina que éstas le fueron producidas al tener contacto con una superficie de consistencia dura y áspera en momentos en que realizaban maniobras instintivas de defensa.

Los peritajes tendrán que acreditar que las personas fallecidas no estaban en condiciones de agredir a los militares, y que en cambio los soldados los detuvieron en puntos distintos a donde se les disparó y que luego de haber sido blancos de disparo se les colocaron armas o cargadores abastecidos.

En cuanto a las declaraciones de las testigos sobrevivientes, la PGR “tratará de acreditar que sus señalamientos tienen veracidad, con la aplicación de peritajes sicológicos y presenciales que identifiquen a los militares en los momentos de disparar contra personas rendidas.

Los militares tendrán que participar también en reconstrucciones de hechos, y con ello se podría revertir los señalamientos del sexto tribunal unitario, que consideró que la PGR no aportó pruebas suficientes para acreditar la responsabilidad de los integrantes del Ejército Mexicano en dichos hechos.

De la misma manera, indicaron los funcionarios entrevistados, la PGR deberá aportar y mejorar los peritajes que demuestran que la escena del crimen fue alterada, ya que ello también causará impacto en la investigación que se inició en la Procuraduría General de Justicia del Estado de México en contra de integrantes de Servicios Periciales por no haber reportado la alteración de la posición de los cadáveres y vehículos.