a cuarta marcha contra la productora de agroquímicos Monsanto, realizada ayer en la capital mexicana y ciudades de otros 40 países, reactualiza públicamente el añejo pero no resuelto problema que para la salud de la población mundial representan las nocivas actividades de esa empresa. El elevado número de denuncias y demandas en distintas naciones ha servido, hasta ahora, para poner un freno relativo al gigantesco experimento genético impulsado por la compañía estadunidense, pero no parece estar cerca de cancelarlo definitivamente.

Los trabajos de modificación de células vegetales emprendidos por Monsanto hace más de 40 años, el desarrollo inmediatamente posterior de campos de cultivo con plantas modificadas y la producción en paralelo de productos químicos, como el glifosato (componente principal para diversos herbicidas de amplio espectro, al que la Unión Europea clasifica como peligroso para el medio ambiente), han seguido llevándose a cabo a pesar de la oposición de agrupaciones científicas, organismos de salud y agricultores conscientes.

En México, por ejemplo, un fallo emitido el 8 de marzo de este año por un juez federal ratificó una medida cautelar (de 2013) que suspendía la siembra de maíz transgénico para ser comercializado, pero la resolución no afectó las plantaciones que se encuentran en fase experimental, con lo que el desarrollo futuro de ese producto sigue en la incertidumbre. Monsanto, que hace tres años había solicitado permiso oficial para cultivar maíz transgénico en cinco zonas del norte de México, aprovechó el carácter parcial de la medida para reiterar su pedido, aduciendo la inocuidad de ese maíz y argumentando que en Estados Unidos el mismo se cultiva en grandes extensiones. Pero lo cierto es que las cosechas transgénicas en todo el mundo apenas representan uno por ciento del total y generan una comprensible desconfianza.

Las prohibiciones establecidas en la mayoría de las naciones productoras de cereales respecto de los cultivos de Monsanto y algunas otras empresas menores que también buscan incrementar sus ganancias a través de organismos genéticamente modificados mantienen de momento la cuestión en un impasse, pero la índole fragmentaria de dichas prohibiciones no garantiza la supresión definitiva de esos cultivos.

Por eso, las manifestaciones de ayer constituyen un saludable recordatorio sobre la necesidad de que la opinión pública ejerza presión sobre las autoridades para que éstas prohíban de manera terminante el accionar de Monsanto en particular, y de todas aquellas compañías que antepongan su afán de lucro a la salud de la población.