El presidente de la Comisión de Educación del Senado, el panista Juan Carlos Romero Hicks, respaldó la decisión del secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, de despedir a más de 3 mil maestros que faltaron a clases. En tanto, el PRD exigió al funcionario abrir el diálogo con el magisterio y frenar las sanciones contra los profesores que están en desacuerdo con la reforma educativa.

No es con despidos ni con represión como se resolverá el conflicto, exigimos que se respeten los derechos humanos y laborales de todo el magisterio, señaló el senador perredista Raúl Morón. Insistió en que la autoridad no puede imponer de forma unilateral el modelo educativo y menos con acciones autoritarias o represivas, sin escuchar las demandas, propuestas e inquietudes de la base magisterial y sus representantes.

En entrevista por separado, Romero Hicks sostuvo que es lamentable que 3 mil 119 profesores sean removidos del cargo, pero es por el bien superior, es la niñez, ya que no se puede reconocer como derecho el no ir a laborar. El ex gobernador de Guanajuato insistió en que durante más de 25 años se fueron repitiendo conductas inapropiadas, de dejar sin clases a los niños, y hay que aplicar la ley.

Destacó que en Oaxaca, de los 220 días de clase, se faltó 70, por lo que los maestros que se ausentaron cuatro días consecutivos tienen que atenerse a las consecuencias.

Morón demandó que de manera urgente se establezca una mesa de diálogo nacional que ponga fin al paro magisterial en todo el país, que regularice el servicio educativo en las entidades que hoy forman parte del conflicto y que permita el análisis crítico, integral y reconstructivo de la actual reforma educativa y del proceso de evaluación del desempeño docente.

Señaló que las diferencias entre el gobierno federal y los maestros disidentes parten de la reforma educativa de 2013, debido a una visión distinta del modelo educativo del país, de la profesionalización docente y de los mecanismos de evaluación del desempeño.

La evaluación, recalcó, debe ser ante todo una oportunidad para mejorar las capacidades formativas de los maestros, nunca un acto que ponga en riesgo la funcionalidad del sistema educativo, el derecho de nuestros niños a recibir educación de calidad, el cierre de las escuelas, el despido de los maestros o la alteración de la paz social.