stamos viviendo un momento importante en nuestro país, caracterizado por la evolución de una sociedad civil tradicionalmente pasiva y escéptica a una más ampliamente organizada para formular y proponer leyes que propicien incorporar lo que muchos consideran necesario para convivir en un auténtico Estado de derecho. Arranca del hecho lamentable de que la forma en que ejercen funciones nuestras instituciones de gobierno las ha vuelto incapaces de frenar el crecimiento de la impunidad, y de que se ha declarado abiertamente que la corrupción es parte de nuestra cultura.

Da la impresión de que nuestros funcionarios gobiernan conviviendo con ella y que algunos evidentemente lo disfrutan. No perciben la trascendencia y urgencia que le da la sociedad a este último problema y no entienden por qué hay molestia y malestar. Prueba de ello es el esfuerzo por minimizar las leyes anticorrupción y las tácticas dilatorias para aprobarlas. Como dato significativo, el titular del Ejecutivo Federal no asistió en días pasados al Foro Mundial sobre Corrupción que tuvo lugar en Londres, al que acudieron varios presidentes latinoamericanos, y en el que se argumentó que la corrupción en el sector público es una de las causas del evidente fracaso social del modelo económico que nos agobia. Lo que indica que para él la corrupción no es prioridad. Una de las propuestas de la sociedad civil que más preocupa a los gobernantes, que de lograrse la haría ciertamente más eficaz, es el conocimiento de sus declaraciones por parte de la ciudadanía, lo que le permitiría involucrarse activamente en el proceso de identificar y difundir prácticas corruptas.

La reacción de los partidos políticos, en particular del PRI y el Verde, no se ha hecho esperar. Hacen lo de siempre. Tratan de incorporar enmiendas que diluyan, castren, desvirtúen los propósitos de las leyes que los obligan a actuar apegados a la legalidad y a la ética. Sin embargo, en esta ocasión nuestros legisladores se enfrentan a un proponente diferente, con el que no están acostumbrados a lidiar, ya que cuando reciben propuestas de otros poderes o partidos siempre han podido negociar, de modo que la corrupción e impunidad prevalezcan, y sigan siendo su moneda de cambio y su manera de operar. Te permito y otorgo prebendas inmorales e ilegales, a cambio de que te subordines a las prácticas que persiguen mantener o incrementar intereses personales, pecuniarios o de poder, sin considerar en forma alguna el bien general.

Las siete leyes que constituyen el sistema nacional anticorrupción tienen elementos de los que no se puede en absoluto prescindir. Tal es el caso de la Fiscalía Especializada para el Combate a la Corrupción, la cual debe ser efectivamente autónoma, para nada subordinada a quienes tiene que juzgar. Integrada con un conjunto de facultades que le permitan aplicar sanciones administrativas y penales, con el fin de que pueda ser realmente eficaz y llegar hasta sus últimas consecuencias, sin que se permita interferir con recursos judiciales que difieran y minimicen tales sanciones. Por ahora me quiero referir a la llamada Ley General de Responsabilidades Administrativas, que en su título segundo, artículo 10, incorpora la esencia de la propuesta tres de tres, respaldada con 640 mil firmas de ciudadanos, pues se ha comenzado a percibir que algunos de los representantes de la sociedad civil que participaron en su formulación han empezado a claudicar y a aceptar la propuesta del PRI-Verde, aduciendo que en el citado artículo aparece la siguiente mención: Las declaraciones a que se refiere esta fracción estarán disponibles al público, con excepción de los datos estrictamente personales, así calificados por la ley de la materia. La interpretación interesada y sesgada de esa mención permitiría, según algunos legisladores y representantes del sector privado, que haya dos versiones de la declaración patrimonial, una para el público –es decir, un listado de vaguedades incuantificable, que no permite en forma alguna conocer el monto del patrimonio ni cómo está constituido– y otra, la oficial, que supuestamente sí lo detallaría. Más aún, lo realmente ridículo es que se acepte como declaración fiscal el simple acuse de recibo de la misma, sin que se publique su contenido. Lo cual impediría conocer si el funcionario ha pagado correctamente sus impuestos.

Es importante recordarle a esos representantes del sector privado que han comenzado a flaquear que la oferta a la ciudadanía, con la que consiguieron el apoyo de más de 600 mil personas, fue la petición concreta de hacer públicas las declaraciones patrimoniales, de conflicto de intereses y fiscales, y no las seudo declaraciones o acuses de recibo que no permiten conocer si nuestros gobernantes son honestos y actúan conforme a la ley, o no, que es el verdadero propósito. Nunca se les planteó que estarían facultados a negociar con la voluntad de los ciudadanos. Sería un gran freno a ese más amplio despertar de la ciudadanía, que da esperanzas de una convivencia más apegada a la moral y a la ley, el que con una actitud, tan usual en nuestro medio, sacrifiquen lo trascendente, a cambio de lograr lo posible, y acepten las propuestas del PRI y el Verde, haciendo nugatorio el esfuerzo y compromiso de la sociedad. Es indispensable que nuestros representantes exijan que se aprueben las siete leyes que integran el sistema anticorrupción, manteniendo íntegramente su autonomía, y recogiendo sin concesiones las propuestas de la sociedad.