La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) modificó unilateralmente en 2015 la situación laboral de 680 profesores civiles que impartían clases en el Sistema Educativo Militar (casi una tercera parte de la planta docente), al retirarles la plaza de base para contratarlos por honorarios, con lo que perdieron los derechos laborales pactados originalmente, como la jubilación.

Con el argumento de puso en marcha una profunda reforma en materia de educación militar, las autoridades castrenses obligaron a la gran mayoría de los profesores civiles a que aceptaran el retiro voluntario propuesto.

Sin embargo, el profesor Evaristo Maldonado Preciado interpuso un recurso de amparo en contra de las tropelías de la Sedena.

En este contexto, el 16 de abril pasado, el procurador general de Justicia Militar, general brigadier Jesús Gabriel López Benítez, le envió un oficio al quejoso (CONTEN-III-764/2016) en el que le notifica que “sólo tiene derecho a 10 días hábiles de vacaciones –después de 23 años de servicio–, que se le solicita que renuncie a su plaza de base y se contrate por honorarios, y que debe laborar ocho horas diarias”.

Argumentos infundados

El procurador castrense sostuvo que la disposición se basa en la resolución del juzgado noveno de distrito en materia de trabajo, que calificó de infundados e improcedentes, los argumentos de Maldonado Preciado, cuya relación laboral es la de profesor civil con la categoría de titular especializado foráneo de tiempo completo A para impartir la materia de salud pública en la Escuela Médico Militar.

El documento añade que, respecto a que dice que existe un hostigamiento para que renuncie a su plaza de base, esto es carente de sustento en virtud de que si bien es cierto que el Sistema Educativo Militar se encuentra en renovación de su planta docente, para alcanzar la excelencia académica, por lo que se comenzó el proceso de separación voluntaria del personal de profesores civiles, en su caso particular, usted no aceptó adherirse a dicho proceso.

El profesor cuestionó el documento toda vez que el procurador militar no es autoridad para tema laborales y agregó en entrevista que durante más de 20 años la jornada de trabajo dependía de las horas asignadas para impartir su materia y cuando el programa escolar no lo requería no asistía al plantel. Sin embargo, con los cambios impuestos, el director de la Escuela Médico Militar, general Guadalupe Mazo de la Torre, le informó que ahora tenía que cumplir con una jornada diaria de ocho horas, o que de lo contrario aceptara su retiro voluntario con un pago único de aproximadamente 200 mil pesos.

Por las presiones ejercidas con el conocimiento del general secretario, Salvador Cienfuegos Zepeda, la gran mayoría de los profesores civiles aceptó el retiro voluntario, sin saber que con ello quedaron imposibilitados de contratar sus servicios en la administración pública, lo cual –aseveró Maldonado– fue un engaño que se suma a la forma ilegal en que la Secretaría de la Defensa Nacional ha renovado su planta docente de profesores civiles con contratos de honorarios para impartir clases en el Heroico Colegio Militar y en las escuelas militares de Aviación, Médicos, Enfermeras, Oficiales de Sanidad y de Odontología, entre otras.