Padres de familia de la guardería ABC, agrupados en el Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio, anunciaron que apelarán las sentencias dictadas en contra de 19 personas por el incendio ocurrido en la estancia infantil de Hermosillo, Sonora, en junio de 2009, en el cual murieron 49 menores y 70 más resultaron lesionados.

Es evidente que la justicia no sólo llega tarde, sino también incompleta, reprochó José Francisco García Quintana, presidente del movimiento y padre del niño Andrés Alonso García Duarte.

En entrevista realizada en la Ciudad de México, calificó de muy bajas las penas dictadas en la sentencia de entre 20 y 29 años de prisión a 19 de los 22 involucrados en el proceso, e incluso la absolución para otras tres personas.

Precisó que en todos los casos los procesados han estado en libertad bajo caución, debido a que el juez nunca reclasificó los delitos de homicidio y lesiones culposas a dolosas. Además, debido a la apelación que ambas partes seguramente harán a la resolución del juez primero de Distrito en Sonora, el proceso se alargará todavía más, cuando menos otro año, lo que retrasa aún más la aplicación de la justicia.

Sin medidas para evitar tragedia similar

García Quintana informó que en paralelo de las instancias judiciales del país, los padres continuarán su demanda en contra del Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, que conoce del caso desde octubre de 2014), a fin de fincar responsabilidades a altos funcionarios estatales del entonces gobernador Eduardo Bours, y contra el ex director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Daniel Karam.

Explicó que esta demanda ante a la CIDH se debe también a que el Estado mexicano no tiene garantizada la no repetición de una tragedia similar, pues no ha implementado ninguna medida o programa para evitarla, además de que las sentencias son muy bajas y parciales, ya que hubo una persistente negativa tanto a reclasificar los delitos como a ampliar las consignaciones a otros presuntos responsables.

García Quintana señaló que en la actuación de la Procuraduría General de la República siempre favoreció que fueran exonerados Marcia Matilde Gómez del Campo, prima de Margarita Zavala, y su socio, Gildardo Urquídez Serrano. La verdad tampoco veo voluntad de la PGR para que se haga justicia, enfatizó García Quintana, cuyo movimiento estuvo ausente en la reunión que sostuvo la procuradora Arely Gómez con un grupo de padres de familia de la Guardería ABC.