ay que haber vivido estos seis años en Chihuahua para sentir que son los momentos más oscuros de su historia reciente. Desde el gobierno se imponen la corrupción, el autoritarismo y la impunidad. No existe la división de poderes. La libertad de expresión es amenazada cotidianamente por la criminalización del periodismo crítico y por los caudales de recursos públicos que compran medios de comunicación incondicionales. Se acallan o hacen aparecer como hechos aislados los enfrentamientos, ejecuciones y asaltos. Chihuahua desciende vertiginosamente en todos los indicadores de transparencia, rendición de cuentas, calidad de vida, desarrollo social y humano. Las denuncias penales contra el gobernador y sus funcionarios no son procesadas con presteza por las autoridades federales. Nuestra entidad encabeza a las otras 31 en una deuda pública que llega a casi 9 por ciento del PIB estatal. Continuas son las violaciones a derechos humanos; hay más de mil 600 desapariciones forzadas, persisten los feminicidios. No hay quien pare la devastación de aguas, bosques y pastos. El crimen organizado la promueve y mantiene el control de buen número de municipios y cuerpos policiacos.

Todo esto amenaza con perpetrarse si Enrique Serrano, el candidato a gobernador del PRI y sus partidos incondicionales, se impone en las elecciones del 5 de junio. Se habrá cerrado el círculo de impunidad sobre la corrupción del actual gobierno. Aunque Serrano dice que “no será tapadera de nadie, como presidente del Congreso y de la fracción priísta cubrió a Duarte todo el endeudamiento y aprobó todas las cuentas públicas. El PRI de Duarte y de Peña es un sistema en el que se concatenan y se soportan mutuamente la corrupción a escalas locales, estatales y nacionales. En él se fundó el triunfo de Peña Nieto en 2012 y se empieza a fundar la imposición electoral para 2018.

En mi contacto diario con las y los chihuahuenses me percaté del hartazgo con el actual gobierno y del imperativo muy difundido para terminar con la tiranía priísta, posible sólo con la unidad de todas las fuerzas democráticas. Pero el gobernador operó para dispersar la oposición y evitar una coalición de partidos que le presentara un robusto frente común.

Fue entonces que un nutrido grupo de chihuahuenses de la sociedad decidimos formar la Alianza Ciudadana por Chihuahua, proyecto plural, de personas no panistas, para evitar el continuismo duartista-peñista y reivindicar la política como tarea fundamental de ética pública en Chihuahua. Acordamos apoyar la candidatura de Javier Corral, más allá del razonamiento pragmático de que es quien puede vencer al PRI, porque Corral en la práctica ha demostrado su vocación demócrata y justiciera, y su apoyo a causas muy importantes parala nación y para Chihuahua: se opuso a la reforma energética, al duopolio televisivo, ha dado cauce en el Senado a luchas como la de los pueblos indígenas despojados de sus territorios en la Tarahumara, a los campesinos defensores del agua, del precio de sus productos. Ha denunciado los cientos de desapariciones forzadas en Chihuahua, que Duarte se niega a reconocer…

En torno a la candidatura de Corral se está gestando un verdadero movimiento social que trasciende al panismo y exige el fin de la tiranía en el estado. Se ha conjuntado una gran diversidad de personas y organizaciones: activistas sociales, feministas, campesinos, pequeños y medianos empresarios, derecho-humanistas, ambientalistas, académicos, comunicadores, sindicalistas, vendedores ambulantes y barzonistas. Las y los viejos camaradas de muchos combates.

Gracias a ello Corral ha suscrito una serie de compromisos concretos, exigibles y evaluables que conforman una agenda social verdaderamente progresista: equidad de género; defensa del agua y de los recursos naturales; rechazo al fracking; defensa de los derechos, cultura y territorio de los pueblos indígenas; lucha contra la corrupción y la impunidad; gobierno abierto y austero; defensa de la agricultura campesina y de la alimentación sana y suficiente para todos; defensa y promoción de los derechos humanos; investigación de las desapariciones forzadas; plan especial de desarrollo social para Ciudad Juárez, y educación gratuita a todos los niveles. Es una agenda construida desde la experiencia y de inteligencia social colectiva de muchas y muchos chihuahuenses.

No se trata de apoyo incondicional a Javier Corral. Se trata, más bien, de un pacto basado en el cumplimiento de las añejas exigencias del Chihuahua que se mueve y protesta, que no renuncia a la crítica.

Hay tanta preocupación en el sistema peñista-duartista ante esta candidatura y este movimiento que no se han detenido en detonar múltiples acciones de guerra sucia, inducción del voto, amedrentamiento de servidores públicos para que voten por el candidato del continuismo. Pero los ataques, lejos de disminuir, atizan la indignación de la ciudadanía.

En lo personal, decidí participar en lo que ahora es la Alianza Ciudadana por Chihuahua porque estoy convencido que es un deber ético que se nos impone aquí y ahora a quienes pretendemos rescatar a nuestro estado del marasmo. Para muchos militantes de izquierda que integramos la alianza, esto no significa renunciar a nuestros principios, sino la realización de los mismos en los desafíos que la realidad regional nos presenta. Habrá otras opiniones, también de izquierda, que no lo piensen así. En todo caso, es necesario generar el debate democrático en el seno de los partidos y fuerzas de izquierda en nuestro país, sobre la manera de conjugar las dinámicas nacionales con las regionales, el espacio para la diversidad de opiniones y la ventilación de las mismas, las posibilidades y los límites de las alianzas.

Tenemos conciencia de la gran cita con la historia que tiene este país en 2018, queremos responder a ella, pero también a la cita que hoy nos marca Chihuahua.

Puede ocurrirnos lo que cuenta Camus de San Demetrio: iba apresurado a una cita con Dios, pero por detenerse a ayudar a un campesino con su carreta atascada, al llegar a la cita, Dios ya no estaba.