a extinción liquidación de Luz y Fuerza del Centro se convirtió desde su inicio, en octubre de 2009, en impenetrable misterio al que no han tenido acceso ni el SME ni persona alguna, ni siquiera el Congreso de la Unión, cuando se ha requerido información lo mismo a la Secretaría de Gobernación (SG), a la Secretaría de Energía (Sener) que al Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).

La respuesta de estos entes públicos a los requerimientos de información ha sido invariablemente la misma: o declaran que no existe la información o responden que los documentos han sido reservados por cuatro, seis o 12 años, apoyándose en los artículos 13 y 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, alegando que su conocimiento y difusión pública afectarían la seguridad nacional, la seguridad pública, provocando incluso conflictos sociales de magnitudes insospechadas. Bajo estos argumentos Felipe Calderón logró que documentos claves del proceso de extinción liquidación de LFC fueran reservados hasta por 12 años, cuya difusión oficial hubieran dado otro curso a los procesos legales entablados, para refutar el supuesto argumento de caso fortuito o de fuerza mayor que su gobierno alegó para justificarla.

Sin embargo, una vez vencida la carta de triunfo del SME, como fue el reconocimiento del patrón sustituto, que el infame fallo de la SCJN echó abajo, el gobierno de Peña Nieto se vio obligado a abrir la negociación con el SME por un tema inevitable que requería negociar con el sindicato, los llamados pasivos laborales de LFC, pero clasificando como reservados todos los documentos de la extinción liquidación de la empresa y de la negociación con el SME.

Una revisión de las solicitudes de información presentadas por diferentes ciudadanos, tanto a la SG y la Sener como al SAE muestra que el gobierno de Peña Nieto, al igual que el de Calderón, ha reservado en periodos que van de cuatro, seis y 12 años toda la información relativa a la extinción de LFC en sus diferentes facetas: 1) Acuerdo marco y su anexo relativo a las pensiones con renta vitalicia para 996 trabajadores no liquidados, reservado por seis años a solicitud del SME, se redujo su reserva a un año a partir del 26 de agosto de 2015; 2) Memorando de entendimiento firmado entre el SME y la SG, de fecha 10 de julio de 2015, en el que se acuerda una ruta para finalizar el conflicto derivado de la liquidación de LFC. Reservado por el gobierno federal por cinco años, pues ...su difusión causaría un acto de imposible reparación para el cumplimiento del laudo dictado por la Junta Especial número 5 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el expediente IV-239/2009; 3) Acuerdo entre el gobierno y el SME para la entrega de plantas generadoras de electricidad, del 10 de septiembre de 2015, pues su difusión afectaría en forma irreparable el cumplimiento del laudo dictado por la Junta Especial número 5 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el expediente IV-239/2009; 4) Solicitud de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, del 7 de mayo de 2014, para que se haga público el avance del plan y proceso de liquidación de LFC, reservado por el gobierno federal por cuatro años, a partir del 12 de octubre de 2013, pues no ha concluido el inventario de los bienes que integran el patrimonio de LFC, y el destino de los recursos, bienes y activos del extinto organismo descentralizado; 5) Anexos del contrato en comodato entre SAE y CFE. Solicitud de fecha 10 de septiembre de 2015. Reservado por el gobierno federal por 12 años a partir del 6 de octubre de 2010, en virtud de que no ha concluido el inventario de bienes de LFC. No se encuentra acreditada plenamente la propiedad de los inmuebles. Gran parte de los inmuebles identificados no se encuentran inscritos en el Registro Público de la Propiedad correspondiente. Los datos registrales identificados (medidas y colindancias) no corresponden con la realidad o presentan discrepancias. Algunos inmuebles presentan situaciones especiales, como la ocupación de terceros ajenos al proceso de liquidación. No se ha terminado de definir cuáles bienes son afectos o no al servicio público de energía eléctrica; 6) Estado en que se encuentran las negociaciones tanto del Sindicato Mexicano de Electricistas como de la Compañía Portuguesa Mota Engil, del 28 de enero de 2016, reservada por 12 años, pues su difusión puede llegar a comprometer la seguridad nacional y la seguridad pública. En caso de proporcionar la información solicitada, se podrían ocasionar diversos actos como disturbios sociales, tales como bloqueos de vías generales de comunicación o perjuicio a las instalaciones y, en consecuencia, causar un daño al patrimonio de la nación.

Resulta increíble que a más de seis años seis meses del decreto de extinción liquidación de LFC no se haya concluido un inventario de sus bienes y que su rasgo distintivo sea la total falta de transparencia y opacidad, terreno fértil para la corrupción en todos los niveles de gobierno. Sobre todo tratándose de una empresa que en 2008 facturaba más de 50 mil millones de pesos por venta de energía eléctrica. Con un valor contable de sus activos de más de 140 mil millones de pesos y con un pasivo laboral, por lo menos a diciembre de 2013, de más de 325 mil millones de pesos, que nunca fue fondeado por el gobierno federal. Habrá que esperar hasta 2017 para comenzar a develar el misterio de una extinción ligada en tiempo y circunstancias al proceso privatizador, a menos que el Congreso de la Unión tome cartas en el asunto.