n una conferencia de prensa en que estuvo acompañado de cuatro altos funcionarios del gobierno como si se quisiera que ellos avalaran sus declaraciones, el secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Pacchiano Alamán, anunció el retiro de un millón setecientos mil automóviles para que sólo circulen los vehículos que contaminen poco. Los autos que serán retirados representan la tercera parte del total del parque vehicular de la Ciudad de México. Sorprende la facilidad con que el secretario responsable de cuidar el medio ambiente encontró una solución tan inteligente: retirar de las calles la tercera parte de los carros. ¡Una gran solución! Se cuidó de guardar silencio sobre las consecuencias de su decisión. No se trata de guardarlos durante un día, sino por el tiempo que tome verificarlos y corregir sus insuficiencias en los motores. Por lo visto Pacchiano no pensó cómo se van a transportar el millón setecientas mil personas que ya no podrán usar sus carros ni en las consecuencias económicas de quienes quedarán paralizados, pagarán el alquiler de taxis o se sumarán a las multitudes que luchan por un espacio en los vagones del Metro en que una reportera de Televisa midió en un día de crisis hasta 31 grados centígrados de temperatura, o en los destartalados minibuses y en los saturados camiones con gigantescos anuncios de CDMX, ante una población agobiada por el aumento de contaminantes. Pacchiano pensó en sancionar a los autos que contaminan escudados en calcomanías cero y doble cero indebidamente obtenidas, pero no pensó en que agrega irritación al enojo de los ciudadanos, porque afecta su cotidianidad y altera su economía. Calculó mal y no vio la crisis en conjunto.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, anunció que los vehículos públicos usarán gas para contaminar menos. Esa medida será de gran ayuda, pues se trata nada menos que de mil cuatrocientos vehículos, de un parque de cinco y medio millones de autos. Otra acción será la de establecer horarios escalonados en la burocracia capitalinas partir de las 6 de la mañana. Al tratar de definir cuántos empleados modificarían su hora de entrada a su sitio de empleo, el Oficial Mayor de Gobierno de la Ciudad, Jorge Silva Morales, dijo que depende del estudio que nos puedan arrojar (sic) de quienes estén más lejos o más cerca de sus actividades laborales.

Ni el gobierno de la ciudad ni el de la República se preocupan por el fondo del problema que han soslayado los gobiernos durante más de cuarenta años. La capital del país está alojada en un valle rodeado de altas montañas, parte de ella es el Ajusco, que impide que las corrientes de viento acumuladas sobre el valle se desplacen fuera de la cuenca y al estancarse provocan la contaminación que se forma con la acumulación de contaminantes diversos altamente nocivos.

En el siglo pasado, el ingeniero Heberto Castillo, quien fue un notable profesional comprometido con los problemas del país, estudió el fenómeno del valle de México y conjuntamente con colegas de la Universidad Nacional Autónoma de México propuso horadar el Ajusco con un amplio túnel para provocar corrientes que desalojaran la contaminación. Concibió una obra de gran magnitud con un elevado costo, pero menor que el que representa el daño a la salud de millones de personas, y con una solución total. El costo no ha sido cuantificado, pero nadie en el gobierno se interesa en averiguarlo. Es una tarea de dimensiones históricas para ejecutarse en varios años que se traduciría en desarrollo urbano, económico y sanitario. No se quiere reconocer la crisis en su cabal dimensión y se necesitan gobernantes con visión de Estado, porque no se puede negar que la salud y la economía de más de 10 millones de personas es un asunto de Estado, que se preocupen y se ocupen del problema.

Durante años se ha mantenido una cuota por el servicio del Metro, muy inferior a su costo. Se argumenta que no se aumenta para no dañar la precaria economía de los trabajadores y se recurre a elevados subsidios para sostener un pésimo servicio, pero se regatea lo que ha sido una urgencia siempre pospuesta y no encarada recurriendo a debatibles argumentos, como la necesidad de un salario no mínimo, sino suficiente, como ordena la Constitución, y que le permita pagar mejores servicios y una vida decorosa. Encarar el problema de fondo es una responsabilidad de los gobiernos federal y de la ciudad, pero esperar que lo atiendan se antoja como una panacea porque a los gobernantes prefieren ignorarlo con el pretexto de que ocurre en jurisdicción ajena y así se sacrifica a la capital de los mexicanos.