egún la Oficina Europea de Policía, el año pasado la migración clandestina hacia Europa representó un negocio de entre 5 y 6 mil millones de dólares para los grupos del crimen organizado. Más de 90 por ciento del millón de migrantes que intentaron ingresar a la Unión Europea se vieron obligados a recurrir a los traficantes de personas, que cobran de 3 mil 200 a 6 mil 500 dólares por facilitar la entrada en la mancomunidad.

En el mismo estudio la agencia comunitaria da cuenta de que al menos 52 por ciento de los migrantes se ven forzados a realizar en especie el pago de estos servicios, además de que los viajeros sin recursos financieros están particularmente expuestos a la explotación sexual y laboral, así como a los mayores peligros durante el trayecto. Al respecto, se indica que la mayoría de los viajes clandestinos se realizan en botes de hule carentes de pilotos, en los que se apiñan hasta 40 personas.

Aunque el fenómeno de explotación de los flujos migratorios por parte de los grupos delictivos es conocido desde tiempo atrás en el caso de la migración latinoamericana hacia Estados Unidos, resulta significativo que ahora salga a la luz en el contexto europeo, donde en este momento se vive la mayor oleada de buscadores de refugio en el mundo. Cabe recordar que hasta ahora la atención mediática se ha centrado en asuntos como el presunto colapso de las instituciones europeas ante la llegada masiva de refugiados, en la capacidad de los países de acogida para integrar cultural y laboralmente a ciudadanos provenientes de otros países o en el peligro de infiltraciones terroristas que supuestamente entraña el ingreso no regulado de extranjeros.

Dicha narrativa ha ignorado de manera sistemática el riesgo que supone para los propios migrantes la presencia de individuos y grupos dispuestos a aprovechar la tragedia humana, factor de peligro, explotación y atropello del que no están exentos otros movimientos migratorios masivos.

Pero, más allá de los discursos mediáticos y políticos en torno de la presencia de los refugiados en el viejo continente, el hecho es que el actual flujo migratorio es resultado de las políticas aplicadas por la Unión Europea y Estados Unidos en los países de origen de los migrantes. Ya se trate del saqueo neocolonial aplicado en los países de África subsahariana o de las estrategias de desestabilización en el norte de África, Medio Oriente y Asia central, es innegable que los centenares de miles de personas que abandonan estos países lo hacen huyendo de escenarios creados con la activa participación de los Estados europeos y sus aliados.

Es deber de las autoridades europeas combatir este fenómeno delictivo que ahonda el sufrimiento de quienes abandonan sus hogares y bienes, agrava maltratos y situaciones de explotación y magnifica los atropellos de toda clase. Es claro también que la única respuesta de fondo y duradera a esas prácticas criminales, y a la crisis de refugiados en general, es la adopción de una política de fronteras abiertas y acogida generalizada. Si existe la voluntad real de evitar las miles de muertes causadas cada año por la política restrictiva en vigor, no queda otra alternativa que reconocer el deber moral de los gobiernos europeos y asumir la responsabilidad de acoger a los refugiados.