La negativa del gobierno federal a un mecanismo de seguimiento del caso Iguala exhibe su rechazo al escrutinio internacional sobre el cumplimiento de los derechos humanos en el país, aseguró Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.

Señaló que hay la intención deliberada del gobierno de (Enrique) Peña Nieto de correrse más hacia el autoritarismo, y por eso rechaza el diagnóstico de organismos de derechos humanos sobre la crisis humana que enfrentamos en materia de desaparición forzada.

Los padres esperan que el lunes se defina si el encuentro con la secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, donde se aborde el tema, se lleva a cabo entre miércoles y viernes, a ver si es posible definir el mecanismo antes de la reunión de Washington, el próximo día 21.

Rosales expresó en entrevista que en caso de que el gobierno no acepte la figura, las medidas cautelares (otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la búsqueda de los estudiantes) va a quedar descobijada y México estaría violando la convención americana sobre derechos humanos, porque está desapareciendo a personas en su territorio.

Resaltó que hoy las víctimas no tienen certeza sobre si en el basurero de Cocula fueron asesinados los estudiantes; eso nos sugiere que hay que abrir otras líneas de investigación, porque la tesis que se construyó se hizo sobre coacciones, porque se recogieron evidencias que no están documentadas en el expediente, hubo manoseo y manipulación total.

Sostuvo que hay muchos cabos sueltos que son de preocupación y por eso debe continuar la investigación: “ir a Huitzuco, (indagar) quién es el caminante, la telefonía, el quinto autobús; hay que deslindar responsabilidades en cuanto a tortura, sancionar, ver el video que se perdió en el Palacio de Justicia… Cómo vamos a confiar en la Procuraduría General de la República después de que vemos a los funcionarios manipulando la investigación”.

El abogado participó en el foro Situación de los derechos humanos en Honduras y México, donde manifestó que en este país tenemos 99 por ciento de impunidad. De cientos de casos de tortura, señaló, sólo cinco o seis están siendo procesados y, de esos, dos están siendo juzgados.

Además, tenemos 27 mil desapariciones forzadas y no tenemos investigaciones serias ni exhaustivas para la búsqueda y la detención de los responsables. A ello sumó asesinatos de periodistas, presos políticos y mucho más.

En el foro, realizado en Casa Lamm, participó Berta Zúñiga, hija de la activista hondureña Berta Cáceres, quien manifestó que también en su país hay una violencia generalizada hacia quienes están en las luchas sociales y lo mismo prevalece la impunidad.

La joven mencionó que el asesinato de su madre visibiliza la resistencia y la represión que tenemos cada día en Honduras, y que el crimen no es un hecho aislado, pues fue dirigido para matar la lucha que representaba.

Zúñiga afirmó que en Honduras se ha instalado un clima de hostilidad que no ha parado con el asesinato de su madre.

Denunció que en torno a la investigación del caso han sido excluidos, y éste tiene muchas irregularidades. Hay una desconfianza instalada en la institución que hora tiene en sus manos las pesquisas.

Por eso, añadió, pedimos la creación de una comisión de expertos internacionales independientes, parecida a la del caso Ayotzinapa, porque es una forma de obtener la verdad.