Cuernavaca, Mor.

Integrantes de la Barra de Abogados del estado de Morelos se manifestaron en el centro de esta ciudad para exigir al gobernador Graco Ramírez que pare la violencia contra sus compañeros. Según los manifestantes, en los más de tres años de la actual administración perredista 15 de sus colegas han sido asesinados.

El caso más reciente fue el de Rodolfo García Aragón, quien fue privado de la libertad el pasado lunes y cuyo cuerpo fue hallado el miércoles en los límites entre los municipios de Jiutepec y Tepoztlán. Los abogados señalaron que la Fiscalía General del Estado (FGE) no investigó el crimen y de inmediato emitió un comunicado que ligó este caso con el de otro abogado asesinado en julio de 2015.

Los defensores emplazaron al gobernador a hacer cambios en su gabinete. Aseguraron que los titulares de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), Alberto Capella Ibarra, y de la FGE, Javier Pérez Durón, no cumplen sus funciones, y el segundo sólo criminaliza a las victimas, como lo hizo con García Aragón.

Que el gobernador nombre en la CES a alguien que se ocupe de la seguridad pública, expresó José Luis Urióstegui, integrante de la Barra de Abogados y ex fiscal de Morelos. Reiteró que la crisis actual es responsabilidad del comisionado Alberto Capella, quien no está dando resultados.

Capella no es de aquí, no conoce el estado y no le interesa lo que ocurre, y el gobernador es responsable de esta omisión, subrayó Urióstegui.

Otro manifestante explicó: Hoy nos convoca el asesinato de nuestro amigo Rodolfo García Aragón, privado de la vida en circunstancias que todavía no se aclaran. Hemos estado exigiendo seguridad en el estado y no ha habido cambio de políticas públicas. Aquí en el centro de Cuernavaca, por ejemplo, mataron a Rosario Suástegui, a Blanca Estela Valdivia y a otros. Es indignante.

Los abogados dijeron que si han bajado los delitos, según las cifras oficiales, es porque las familias de las víctimas no están denunciando ante la FGE porque no confían en esta institución ni en la administración gubernamental.

Antes de esta manifestación, familiares de personas desaparecidas protestaron por el asesinato del abogado y criticaron que la FGE, en vez de investigar, intente ligarlo con la delincuencia organizada.