anto en sus vertientes estudiantil como laboral –el movimiento magisterial disidente agrupado en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNTE–, la gestión del sistema de enseñanza pública del país acumula descontentos de diversa índole e intensidad.
Por una parte, los alumnos de escuelas vocacionales del Instituto Politécnico Nacional (IPN) mantienen el paro en 11 de los 14 planteles que lo declararon; sólo tres de las 14 escuelas que estaban en paro reiniciaron clases ayer, a pesar de que el director de la institución, Enrique Fernández Fassnacht, ha advertido que es inminente la pérdida del semestre. La situación es indicativa de la insuficiencia de los acuerdos alcanzados entre el gobierno y los estudiantes tras el movimiento politécnico de 2014, cuando el propio secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, intervino para desactivar el conflicto que paralizó al Poli, pero también de la falta de cumplimiento a éstos por la Secretaría de Educación Pública, encabezada entonces por Emilio Chuayffet y ahora por Aurelio Nuño.
Aunque hace dos años la protesta estudiantil abarcó a todo el IPN y ahora se encuentra acotada a las vocacionales, oficialmente llamadas Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos (Cecyts), resulta insoslayable que ambos descontentos tienen como punto en común el rechazo a las formas arbitrarias de las autoridades y su escasa o nula disposición a escuchar.
Más preocupante es el anuncio realizado ayer por la dirigencia de la CNTE de una movilización y un paro general a partir del domingo próximo, en protesta por lo que llamaron una política oficial de la cerrazón y el garrote
y la criminalización de la protesta social
, tras la detención, el martes pasado, del profesor Heriberto Magariño López, dirigente de la región del Istmo de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
A diferencia de lo que ha ocurrido con los estudiantes del Politécnico, ante la disidencia magisterial no ha habido ni siquiera un intento de diálogo en torno a su reivindicación central, que es la modificación o abrogación de la llamada reforma educativa impuesta entre diciembre de 2012 y septiembre del año siguiente y que vulnera derechos y conquistas laborales de los profesores. Por el contrario, en este ámbito el gobierno ha hecho gala de inflexibilidad y ha dejado a los mentores inconformes ante la disyuntiva de aceptar las disposiciones en cuya elaboración nunca fueron consultados –particularmente, las cuestionadas evaluaciones
profesionales– o ser despedidos.
En el fondo el gobierno se encuentra ante reacciones sociales contrarias a la política económica vigente, que busca aplicar lógicas neoliberales –eficientistas, productivistas y privatizadoras– a un sistema de educación pública que en el pasado reciente fue modelo, no sólo como formador de educandos y profesionistas y divulgador de principios éticos y sociales, sino también como un mecanismo de movilidad social y de redistribución de la riqueza.
Ciertamente, dicho sistema fue secuestrado y expoliado, especialmente en sus segmentos de educación primaria y secundaria, por una camarilla sindical que distorsionó y acabó por impedir su adecuado funcionamiento, pero ello ocurrió al amparo de presidencias priístas y panistas que tuvieron a dicho grupo como un mecanismo de obtención de votos, y resultaba necesario un saneamiento de la estructura educativa para extirpar de ella esa red de intereses clientelares y corrupción. Paradójicamente, la reforma educativa se ha realizado con el pleno respaldo de esa misma camarilla –si bien despojada de su cabeza principal– y en contra de las corrientes que llevan décadas luchando por la democratización del sindicato.
En cuanto a las formas, el empeño de presentar al movimiento de los maestros disidentes como expresión de un sector que se niega a renunciar a privilegios y prebendas indebidas, no sólo no contribuye a resolver el conflicto, sino que lo agudiza. Es necesario que las partes involucradas depongan toda forma de violencia, así sea la verbal, y se sienten a negociar sin condiciones previas ni líneas rojas impuestas de antemano a fin de encauzar hacia soluciones adecuadas un conflicto que ha de sumarse como factor negativo al deterioro sostenido del sistema educativo y a una penuria presupuestal que, a la vista de las tendencias económicas, habrá de acentuarse en el futuro próximo.
