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Los hechos ocurrieron en 2010 y la Seido no ha avanzado en las investigaciones

Exigen justicia para empleado de Capufe ejecutado presuntamente por un militar
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La familia de Jorge Antonio Parral Rabadán se manifestó frente a la PGR para exigir justiciaFoto Cristina Rodríguez
 
Periódico La Jornada
Martes 10 de mayo de 2016, p. 6

Familiares de Jorge Antonio Parral Rabadán, quien hace seis años fue ejecutado por un militar y cuyo caso aún permanece impune, pidieron este lunes que la investigación salga de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR).

Jorge Parral, padre del joven ex trabajador de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y que fue asesinado el 26 de abril de 2010, acusó que pese a que existen señalamientos concretos contra un elemento del 46 batallón de infantería, los fiscales de la Seido no han avanzado en las investigaciones.

De su lado, José Antonio Guevara, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, que acompañó en una conferencia de prensa a los familiares de Parral Rabadán, solicitó que el caso pase a la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR, como ocurrió con la investigación sobre la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa.

En 2010, Parral Rabadán laboraba en el puente internacional de Camargo, Tamaulipas, cuando pidió a autoridades federales reforzar la seguridad, ante frecuentes enfrentamientos armados.

En lugar de ello, integrantes del crimen organizado llegaron a su lugar de trabajo y lo secuestraron; después apareció muerto en un rancho en Nuevo León, donde elementos del Ejército implementaron un operativo con uso excesivo de la fuerza.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación tras documentar que Parral Rabadán fue asesinado de un disparo en la cabeza, detonado a menos de 10 centímetros de distancia de la víctima.

La familia Parral Rabadán encabezó ayer un acto frente a instalaciones de la PGR, donde exigieron que también se tomen medidas legales contra aquellos elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional que no han entregado la información requerida por la PGR.