El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) confirmó ayer que un juez federal avaló el pasado viernes la legalidad de la extradición a Estados Unidos de Joaquín El Chapo Guzmán por acusaciones que enfrenta en una corte de ese país, por lo que el caso pasó ya a manos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), dependencia que, según la ley de extradición internacional, cuenta con 20 días hábiles para decidir si autoriza el envío del ex líder del cártel de Sinaloa.

Sobre el mismo tema, Eduardo Guerrero Durán, comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Gobernación (SG), rechazó en diversas entrevistas radiofónicas y televisivas que el traslado de Guzmán del penal del Altiplano al Cefereso número 9 de Chihuahua se hubiera realizado para agilizar su extradición.

Dijo que fue una decisión tomada el lunes de la semana pasada en las oficinas de Gobernación, y que fue una ‘‘mera coincidencia’’ que el mismo día en que se efectuó el traslado un juez federal emitiera la opinión juridica favorable al envío del capo sinaloense a Estados Unidos.

El funcionario rechazó que el Cefereso número 9 sea un penal de mediana seguridad o que esté en riesgo la vida del reo, ya que cuenta con un módulo especial para vigilar a internos peligrosos.

El penal federal número 9, ubicado en Ciudad Juárez, forma parte de los 20 Ceferesos peor calificados en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, realizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en 2015.

Según el organismo, dicho centro de mediana seguridad obtuvo apenas 6.63 de calificación, pues registra problemas de sobrepoblación, hacinamiento y en los servicios para mantener la salud de los internos. Tiene capacidad para 848 reos, pero actualmente su población es de mil 12.

La CNDH destacó en su informe 2015 que el penal 9 tiene deficiencias en el proceso para la imposición de sanciones disciplinarias y para la integración del expediente técnico-jurídico de cada interno.

Según el comisionado del órgano administrativo desconcentrado, la estancia de Guzmán en el penal ubicado en Ciudad Juárez será temporal, ya que la nueva estrategia de seguridad de los penales federales implica la rotación constante de reos o presos acusados de delitos vinculados a la delincuencia organizada.

El funcionario contó que la noche del pasado viernes se notificó a El Chapo del traslado justo en el momento que se inició el operativo, el cual concluyó a las 2 horas del siguiente día (madrugada del sábado).

De su lado, el abogado José Refugio Rodríguez, uno de los defensores del ex líder del cártel de Sinaloa, informó en diversas entrevistas que el pasado fin de semana, después de enterarse del traslado de su cliente a Ciudad Juárez, tramitó una nueva demanda de amparo y obtuvo una suspension de plano (para evitar extradiciones ilegales) para que no sean violados los derechos de defendido ante una posible extradición inmediata.

Agregó que una vez que la SRE emita su dictamen, si la resolución fuera a favor de extraditar Guzmán tramitará una nueva petición de amparo para frenar por tiempo indefinido la decisión de la cancillería, con altas posibilidades de que ese amparo termine en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El defensor de Guzmán Loera aseguró que combatirá en los tribunales mexicanos para evitar la extradición de su cliente y dijo que los juicios de amparo que van a interponer pueden tardar entre seis y diez meses en resolverse en definitiva.

Por la mañana, el CJF difundió una tarjeta informativa en la que dio a conocer que Adrián Rivera López, juez tercero de distrito en procesos penales federales de la Ciudad de México, emitió la opinión jurídica en favor de entregar al capo únicamente por el cargo penal de asociación delictuosa para importar y poseer con la intención de distribuir cocaína.

‘‘Lo anterior, en virtud de considerarse cumplidos los requisitos establecidos en el tratado de extradición celebrado entre México y Estados Unidos’’, dijo el CJF en un comunicado.

El expediente corresponde a una orden de captura librada desde 1996 contra Guzmán Loera por la corte federal del distrito sur de California en San Diego, por decenas de cargos de narcotráfico, misma que fue tramitada ante México en extradición hasta febrero de 2001.

A lo largo de dos décadas, la mayoría de los cargos prescribieron y al día de hoy sólo uno está vigente. Se imputa a Guzmán traficar drogas de 1989 a 1996 en latas de chile, cajas de sopa y pollo empaquetado.