Sin importar las recomendaciones de la ONU y de organismos internacionales en materia de derechos humanos, el Senado de la República aprobó modificaciones en materia de justicia militar que, según advirtieron en tribuna los legisladores de PRD y PT, llevan a un estado de excepción, al permitir que autoridades judiciales castrenses realicen labores de inteligencia, puedan catear domicilios particulares y oficinas gubernamentales, intervenir comunicaciones y obligar a civiles, entre ellos niños e indígenas, a comparecer.

Las modificaciones al Código de Justicia Militar y al Código Militar de Procedimientos Penales fueron aprobadas por 78 votos a favor y 20 en contra y remitidas al Ejecutivo federal para su promulgación, luego de casi cuatro horas de discusión, en las que perredistas y petistas insistieron en los riesgos de aprobar esa reforma y lamentaron que se debatiera con prisa, en horas de la madrugada.

El artículo 47 del Código Militar de Procedimientos Penales establece que quienes tengan entre 12 años de edad y menos de 18, se les informará que deben conducirse con verdad en sus manifestaciones ante el Órgano Jurisdiccional Militar y se les explicará que, de conducirse con falsedad, incurrirán en una conducta tipificada como delito penal, resaltó la perredista Dolores Padierna.

El senador Alejandro Encinas leyó el documento que envió al Senado la oficina en México del Alto Comisionado de la ONU en materia de derechos humanos, en el que alerta sobre contenido de la legislación e insiste en que la justicia es sólo para casos de disciplina castrense.

Sin embargo, el artículo 299 establece que las autoridades judiciales militares podrán intervenir audios, videos, mensajes, archivos electrónicos y todo aquello que contenga información del particular.

Durante la discusión del dictamen, los presidentes de las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos, Fernando Yunes, del PAN, y Graciela Ortiz, del PRI, sostuvieron que se trata de una reforma que no puede esperar, ya que adecua la justicia militar al nuevo sistema penal acusatorio, próximo a entrar en vigor.

Padierna, Encinas, Armando Ríos Piter, Fidel Demédicis y el petista Manuel Bartlett advirtieron que la modificación se da en momentos en que el Ejército es cuestionado por los muchos casos de violación de derechos humanos que ha protagonizado, y le dan más facultades.

Entre otras, recalcó Padierna, se cita a indígenas a comparecer ante la fiscalía militar, a los que se proveerá de traductores a su lengua o dialecto.

Como lo establece el artículo 129 constitucional, en tiempos de paz, las fuerzas armadas deben estar en sus cuarteles, ya mucho desgaste han sufrido al sustituir a la autoridad civil en materia de seguridad pública. No los incorporemos hoy a las tareas de inteligencia, de vigilancia política a la población civil, insistió Encinas, quien propuso una moción suspensiva, dadas las violaciones al proceso legislativo –de votar un dictamen no presentado 24 horas antes en comisiones– pero fue rechazada.

Los legisladores de PRI y PAN votaron en contra las reservas presentadas y la reforma se aprobó en lo general y lo particular para luego ser remitida al Ejecutivo federal.

En dos días se cubrió todo el proceso legislativo. En cambio, la ley contra la desaparición forzada, quedó pendiente, luego de más de un año de negociaciones.