En el tema de las desapariciones forzadas, el primer paso para desencadenar una solución integral es reconocer la dimensión del problema y tratar con dignidad a las personas. Si uno comienza a tratar con dignidad a la víctimas, todo lo demás es mucho más fácil de ser puesto en práctica; esto no requiere un cambio de ley ni una reforma constitucional, sino un cambio de cultura, aseguró Ariel Dulitzky, presidente del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Al participar en el foro El rol de la academia en las graves violaciones de derechos humanos en México, organizado por la Universidad Iberoamericana, precisó que en el caso de México es clara la relación entre la defensa de derechos económicos, sociales y culturales y ser víctimas de desapariciones forzadas, de tortura o de ejecuciones extrajudiciales.

Señaló que para resarcir los daños provocados por la desa-parición forzada se tiene que pensar más allá de una simple reparación, porque el hecho implica violaciones que afectan garantías económicas, sociales y culturales.

Si una madre cuyo hijo desa-parece tiene problemas de salud mental, esa es una violación a su derecho a la salud; si un padre desaparece y sus hijos, como consecuencia de la búsqueda que tienen que hacer, no pueden seguir yendo a la escuela, esa es una violación al derecho a la educación; si en una familia desa-parece una persona y por hostigamiento son desplazados, su derecho a una vivienda adecuada fue violado. Tenemos que concebir estas consecuencias para valorar las reacciones, no como si fueran dádivas o compensación, sino para reparar violaciones sustantivas.

Ruth Fierro Pineda, abogada del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua (Cedehm), organización que tras el comienzo de la “guerra contra el narco” lanzada en el sexenio anterior empezó a asistir a familias con desaparecidos, señaló que casi la mitad de las desapariciones forzadas ocurridas en el país en los años pasados han sucedido durante la actual administración, encabezada por el presidente Enrique Peña Nieto.

De los 28 mil 156 casos de desaparecidos, 47 por ciento fueron entre 2013 y 2015, es decir, con el actual Presidente, y añadió que 50 por ciento de ese total ha ocurrido en los estados fronterizos de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Durango.

En la mesa de trabajo Desapariciones forzadas y voluntarias, la activista expuso que las desapariciones forzadas son una constante en el país desde el sexenio pasado y señaló que la administración federal se ha visto rebasada en el tema.

Indicó que informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU y de Amnistía Internacional han hecho evidente la falta de voluntad e incapacidad de las autoridades mexicanas para realizar investigaciones efectivas en estos casos.