El gobierno federal reventó la negociación de la nueva ley en materia de desaparición forzada, al pretender imponer modificaciones de fondo que son rechazadas por las familias de víctima, de ese delito, denunciaron los perredistas Miguel Barbosa y Alejandro Encinas.

Lamentaron que, pese a la exigencia de la sociedad y las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), no se apruebe la Ley contra la Desaparición Forzada en este periodo de sesiones.

Tanto los representantes de la Secretaría de Gobernación como de la Procuraduría General de la República (PGR), que desde un día antes se reunieron con los integrantes de las comisiones dictaminadoras, insistieron en introducir en esa ley dos categorías: la de persona desaparecida y de persona no localizada.

La intención es disminuir las cifras reales de desaparecidos, tema en que el gobierno federal tiene mucho interés, dado el descrédito internacional que enfrenta luego del informe del GIEI sobre las omisiones y falsedades en la investigación de la PGR en torno a los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, recalcó el senador Encinas.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Justicia, el panista Fernando Yunes, reconoció que el diferendo con el gobierno federal es de fondo, ya que hubo el compromiso de los familiares de las víctimas de que habría una sola definición de desaparecido, a fin de que de inmediato se apliquen los protocolos de búsqueda en los tres niveles de gobierno.

Los familiares nos pidieron un instrumento jurídico que verdaderamente les sirva para buscar y localizar a sus seres queridos y para ello es fundamental que desde un principio se les reconozca como desaparecidos, no como personas no localizadas, señaló.

Yunes agregó que en lo que hay avance es en el dictamen de la ley para prevenir y sancionar la tortura, que podría aprobarse este jueves.