Por unanimidad, el pleno del Senado aprobó la Ley Nacional de Ejecución Penal, que constituye una transformación radical al sistema penitenciario mexicano. Con la entrada en vigor de este ordenamiento podrán salir de prisión las personas detenidas por robos de hambre; así como quienes cometieron el delito de posesión, sin fines de comercio o suministro, de mariguana, previsto en el artículo 477 de la Ley General de Salud, ésto, para beneficiar sobre todo mujeres denominadas mulas.

Al presentar el dictamen ante el pleno, el presidente de la Comisión de Justicia, el panista Fernando Yunes, sostuvo que este nuevo modelo se aleja de la vieja escuela penitenciaria de la readaptación social para transformarse en uno de reinserción social. De igual forma, detalló, se indica que deja de ser escuela del crimen y se desarrolla sobre cinco ejes fundamentales: el respeto a los derechos humanos, el trabajo, la educación, la salud y el deporte.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, la perredista Angélica de la Peña, destacó ante el pleno que con esta ley buscamos transformar radical y estructuralmente las bases sobre las que se sustenta el sistema penitenciario de nuestro país y creamos las directrices mínimas que habrán de seguirse a partir de su entrada en vigor para garantizar el cumplimiento constitucional que nos obliga a transitar del viejo enfoque de readaptación social, hacia el nuevo paradigma garantista de la reinserción social.

Cristina Díaz, presidenta de la Comisión de Gobernación, destacó en tribuna que entre los aspectos más relevantes para generar el cambio de paradigma están el reconocimiento de la persona privada de la libertad como sujeto de derechos y no más como reo o prisionero.

Abundó en que un aspecto fundamental de la ley consiste en que las mujeres privadas de su libertad purgaran sus condenas en lugares separadas de los hombres y contarán con derechos específicos de su género y condiciones especiales para sus hijos que conviven con ellas en reclusión.

Se modificaron de última hora varios artículos, a petición de la Secretaría de Hacienda. Entre ellos se impuso un plazo de cuatro años, en lugar de los dos que se proponían en el dictamen para la entrada en vigor de la adecuación de las prisión para separar a los criminales comunes de los de alta peligrosidad.

Por la noche, y luego de más de dos horas de discusión, el pleno del Senado aprobó con 97 votos a favor, cuatro en contra y ninguna abstención, la Ley Nacional de Justicia Penal para Adolescentes.

Yunes, presidente de la comisión de Justicia, al exponer en tribuna el dictamen, destacó que esta legislación se aplicará a quienes cometan ilícitos y tenga entre 12 y menos de 18 años.

A su vez, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, la perredista De la Peña precisó que los menores de 12 y hasta los 14 años que cometan algún ilícito no serán privados de su libertad, quedarán al amparo de la asistencia social en la eventualidad que se vean involucradas en alguna comisión de delito para que puedan recibir un tratamiento en externamiento.

Detalló que la presente ley tiene por objeto crear un sistema integral de justicia penal para las y los adolescentes en todo el país; garantizar sus derechos humanos cuando se impute o resulte responsable de hechos tipificados como delito; indica los principios rectores del sistema integral de justicia penal para adolescentes, así como las bases y requisitos de los mecanismos de solución de controversias que caracterizan a este sistema.

Subrayó que las medidas de privación de la libertad sólo se podrán imponer a adolescentes mayores de 14 años y a los menores de 18 años, y la sanción para los menores entre los 16 años y menores de 18 será de cinco años, en caso de delitos graves.

En otro punto de la agenda, de esa sesión que se prolongó por ocho horas, el presidente del Senado, Roberto Gil Zuarth, dio entrada al Acuerdo de Asociación Transpacífico, que por la tarde entregó en esa cámara el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo.

Durante la ceremonia, el coordinador del PRI, Emilio Gamboa, comentó que el tratado se analizará con gran detenimiento y seriedad, toda vez que se trata de un acuerdo enorme, de gran envergadura.