Con el cierre del periodo de sesiones encima, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados prevé aprobar hoy, con cambios, la minuta del Senado en materia penal, que autoriza las intervenciones telefónicas y la geolocalización de un teléfono en casos de secuestro.

En el proyecto de dictamen, la comisión refiere que el Congreso se dio un plazo de ocho años, el cual vence el 18 de junio, para realizar la reforma penal. Para cumplir es necesario que se apruebe antes del jueves, pero si se devuelve al Senado con modificaciones, esa cámara tendría que aceptarlas y así poder enviar en tiempo el proyecto al Ejecutivo. El Senado mandó la minuta el 9 de diciembre pasado, pero apenas es abordada por los diputados.

El documento plantea cambios en el Código Nacional de Procedimientos Penales en materia de intervención de comunicaciones privadas, que motivó una controversia constitucional por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y, admiten los diputados, por ello debe corregirse.

La intervención de comunicaciones privadas abarca todo sistema de comunicación o programas que sean resultado de la evolución tecnológica, que permitan el intercambio de datos, informaciones, audio, video, mensajes, así como archivos electrónicos que graben, conserven el contenido de las conversaciones o registren datos que identifiquen la comunicación, los cuales se pueden presentar en tiempo real, dice la minuta.

La comisión consideró agregar que la obligación de conservar los datos de comunicaciones intervenidas sólo será en aquellos casos en que constituyan medio de prueba; de lo contrario, serán destruidos.

Para evitar otra controversia se decidió suprimir de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro la obligación de los concesionarios de telecomunicaciones de proporcionar al Ministerio Público la información de un número telefónico y suspender el servicio para efectos de aseguramiento.

De igual modo, se prevé modificar el Código Penal Federal con objeto de determinar la separación de procesados y sentenciados, así como enviar a áreas separadas a quienes sean enjuiciados por delitos de carácter político.

También se pretende reforzar el debido proceso, para garantizar que los defensores se negarán a convalidar, o pedir a sus defendidos hacerlo, actuaciones en detrimento de sus derechos humanos.

En la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal, la comisión incluyó la figura de testigo colaborador, para quienes sean o hayan sido integrantes de la delincuencia organizada.