La Cámara de Diputados terminará el jueves su periodo ordinario de sesiones sin haber resuelto los principales temas que se fijó de meta, principalmente las leyes en materia anticorrupción –que se debatirían en un extraordinario–, para fijar un salario mínimo y la reglamentaria del artículo 29 de la Constitución para la declaratoria de estado de excepción.

Debido al retraso en la discusión del paquete anticorrupción, esta semana los coordinadores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y Acción Nacional (PAN) en el Senado se reunirán con sus contrapartes diputados, para plantear los tiempos de un extraordinario y presentar los avances que ya tengan en la discusión.

Ante el rechazo público a regular la atribución presidencial para declarar la suspensión de garantías o un estado de excepción, finalmente se decidió no discutir la minuta que envió el Senado el año pasado. Además, Morena reprochó irregularidades en el proceso de dictamen, porque aun cuando la minuta se turnó a comisiones unidas de Gobernación y Derechos Humanos, la primera lo votó sin incluir a la segunda.

Y si bien en principio el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Armando Luna Canales, anunció la convocatoria respectiva, finalmente la retiró.

Respecto de la agenda anticorrupción, el PAN responsabilizó al grupo parlamentario del PRI en el Senado y a sus aliados del Partido Verde de retrasar la aprobación de los dictámenes respectivos.

Sostuvo que esta decisión retrasa el combate a la opacidad, a la corrupción y a la impunidad y que la indecisión de los senadores priístas y verdes no sólo afectó los trabajos en el Senado sino también en la Cámara de Diputados.

El vicecoordinador del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín, expuso que PAN y PRD utilizan la agenda anticorrupción con fines electorales.

Mientras en el Senado continúa la discusión, entre los diputados están pendientes la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública, para regresar las atribuciones que tenía al inicio del sexenio la Secretaría de la Función Pública, así como discutir una ley general de fiscalización y rendición de cuentas.

Para desahogar el rezago que tiene, la Cámara prevé discutir, entre la sesión de hoy, mañana y jueves, al menos 20 dictámenes, y la Junta de Coordinación Política revisará este miércoles si hay condiciones para sesionar el viernes, en caso de que el Senado destrabe la discusión del sistema anticorrupción.

Mientras, hasta el 21 de abril se han acumulado 4 mil 400 iniciativas presentadas, y de éstas sólo 965 en lo que va de abril, fenómeno que se explica por el frenesí de los legisladores de hacer propuestas. A tal grado que ese día se llegó al número más alto de iniciativas en un día, 203.

También está pendiente el nombramiento de los comisarios de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad; la reforma a la Ley Orgánica del Congreso para decidir el método de designación de los titulares de los órganos internos de control de los organismos constitucionales autónomos, y se espera que en la última sesión, el jueves, se designe a los diputados que formarán parte del Constituyente para la Ciudad de México. El sábado se instalará la Comisión Permanente, que ahora sesionará en el Senado.