Los padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa reprocharon al presidente Enrique Peña Nieto la salida del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y por no haber cumplido su palabra de garantizar todas las condiciones para su trabajo en el país. El Presidente mintió, dijeron.

Además, pidieron el cese e iniciar un proceso contra el director de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República (PGR), Tomás Zerón, por obstrucción de la justicia y siembra de pruebas en el río San Juan, donde presumiblemente fueron encontrados los restos del estudiante Alexander Mora Venancio, como se desprende del video presentado la víspera por el GIEI, durante su último informe.

En conferencia de prensa, los padres de los jóvenes desaparecidos, asesinados o heridos de Ayotzinapa recordaron que fue el mismo presidente Peña Nieto quien desde su reunión con ellos, en octubre de 2014, también se comprometió a que en la investigación se llegaría hasta las últimas consecuencias, e incluso dijo que sería caiga quien caiga, tope con quien tope.

Hoy confirmamos, con el trabajo del GIEI, que esa palabra no fue cumplida, dijeron en tono enérgico Nicolás Andrés Juan y Emiliano Navarrete, dos de los padres de familia cuyos hijos están desaparecidos.

En una decena de intervenciones, los padres de familia recriminaron al presidente Peña Nieto su actuación con el GIEI, pues enfrentó una serie de obstáculos para realizar su labor, como la persistente negativa a permitir la entrevista directa a los militares del 27 batallón de Iguala, quienes fueron testigos excepcionales de los hechos, así como la fragmentación de la investigación y el impedimento para entrevistar también presuntos responsables detenidos, particularmente desde enero pasado.

Las familias insistieron en que se deben cumplir las recomendaciones hechas por el GIEI en sus informes, así como agotar todas las líneas de investigación sugeridas por el grupo.

Para ello se deben contar con las declaraciones de todos los policías municipales involucrados; el esclarecimiento de las responsabilidades de las policías estatal y ministerial; la Policía Federal y el mismo Ejército, ya sea por las omisiones o por la propia participación directa en la desaparición forzada y ataques a los estudiantes y civiles, sostuvieron.

Santiago Aguirre, subdirector del Centro Pro de Derechos Humanos, dijo que se tiene que investigar al Ejército no sólo por su presencia esos días en los hechos de Iguala, sino también por su presunto involucramiento en el entorno de macrocriminalidad. El informe del GIEI da cuenta de datos, de referencias, que señalan al 27 batallón como fuente posible de tráfico ilegal de armas que beneficiaba a organizaciones delictivas presentes en Iguala.

En Chilpancingo, estudiantes y padres de familia de Ayotzinapa protestaron en la mañana frente a las instalaciones del Congreso estatal, exigieron al presidente Peña Nieto la permanencia en el país de los miembros del GIEI.

Melitón Ortega, vocero del grupo, dijo que su propuesta es que al menos se queden dos o tres miembros del GIEI. Nosotros no vamos a permitir que el caso quede en manos del gobierno, porque no tiene credibilidad, después de tantas mentiras que han dicho, insistió.

(Con información de Sergio Ocampo, corresponsal)