uidadoso en las formas, el último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) es demoledor en su contenido. No sólo cuestiona el pésimo trabajo judicial de los funcionarios encargados de investigar lo que sucedió la noche de Iguala. Pone en entredicho la credibilidad misma del Estado mexicano.

El informe de los expertos desmonta y evidencia fehacientemente las mentiras con que el gobierno mexicano elaboró su verdad histórica. Prescindiendo de adjetivos, desnuda y cuestiona el relato oficial de principio a fin. Documenta cómo los responsables de investigar la verdad y hacer justicia sembraron pruebas, obtuvieron confesiones mediante torturas y malos tratos, realizaron filtraciones interesadas, criminalizaron a las víctimas y ocultaron evidencia.

Más que para esclarecer los hechos y llegar a la verdad de lo sucedido la noche del 26 y el 27 de septiembre de 2014, la Procuraduría General de la República ha trabajado para ocultarla. Lo ha hecho no sólo por la complejidad del caso y por sus propias insuficiencias profesionales, sino por la deliberada decisión de hacerlo. La investigación se realizó mal no sólo por fallas técnicas, sino por la decisión deliberada de llevarla a cabo mal.

En lugar de encontrar y castigar a los verdaderos culpables, las autoridades mexicanas han optado por fabricarlos. Al torturar a algunos responsables para que declaren lo que ellas quieren que digan, les han abierto la puerta para que sean liberados. Decididas a presentar los hechos como resultado de la acción exclusiva del crimen organizado y un grupo de policías corruptos, han terminado protegiendo a políticos y mandos de mayor jerarquía. En vez de encontrar a los responsables intelectuales, los han encubierto.

El informe demuestra cómo la noche de Iguala no fue sólo una orgía de sangre parida por la irracionalidad de un grupo de narcotraficantes lunáticos y desalmados, sino resultado de la trama institucional de un Estado mafioso que vio en la acción de los normalistas un peligro para sus negocios. No fue solamente ineficiencia e ineptitud de las instituciones, sino colusión de éstas con el crimen organizado. No fue producto únicamente de la abdicación estatal de sus más elementales responsabilidades para garantizar la seguridad ciudadana, sino obra de la degradación estatal generada por la ruta de la heroína.

Las policías ministerial y estatal de Guerrero, municipal de Iguala, Federal y el Ejército tuvieron control, así como monitoreo permanente y directo –por medio del C4– de los estudiantes de Ayotzinapa, desde el momento mismo de su salida de la escuela. Ya en Iguala –según el GIEI– hubo coordinación perfecta entre autoridades para generar un círculo de control que evitara la salida de los camiones tomados por los estudiantes.

En su informe final, los expertos insisten en que las víctimas son víctimas por más que, desde el Estado, se haya pretendido estigmatizarlas. En contra de lo que la PGR afirmó, los estudiantes de Ayotzinapa no fueron a Iguala a boicotear ningún acto de la alcaldía. No eran parte de la delincuencia organizada ni estaban infiltrados por ella.

Entre muchas preguntas que aún quedan sin resolver sobre la noche de Iguala, la lectura del informe de los expertos deja una certeza: los estudiantes desaparecieron a manos de fuerzas del Estado.

Precavidos, los expertos evitaron señalar en su informe a funcionarios concretos involucrados en anomalías en el proceso. La excepción fue Tomás Zerón Lucio, responsable de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR. Zerón, según el GIEI, encabezó una diligencia de recolección de restos óseos que no se integró al expediente; un hecho de suma gravedad. También declaró, días después del primer informe de los expertos en septiembre del año pasado, que 17 jóvenes (y no los 43 que se decían originalmente) habían sido incinerados en el basurero de Cocula. El señalamiento del investigador criminal, a todas luces una medida para reposicionar la verdad histórica, no tenía sustento alguno en el expediente.

Desde que en septiembre del año pasado el GIEI presentó las primeras conclusiones de su investigación, la decisión gubernamental de que el trabajo de los expertos sufriera dilaciones, obstrucciones y bloqueos no ha cesado. Este domingo, tres sillas vacías en el Claustro de Sor Juana, durante la presentación del informe de los expertos, fueron el testimonio de ese encono. En ellas debieron sentarse los subsecretarios Roberto Campa, Miguel Ruiz y el subprocurador Eber Betanzos, representantes de la administración de Enrique Peña Nieto. No llegaron a la cita.

Apenas la tarde del día anterior, los funcionarios gubernamentales habían desairado una reunión clave con integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), incluido su presidente, James Cavallaro, para dar seguimiento a las recomendaciones del GIEI.

Dentro y fuera de México, el gobierno de Enrique Peña Nieto ha pagado carísimo negarse a esclarecer lo sucedido la noche de Iguala. Su reputación internacional está por los suelos. Donde quiera que el mandatario mexicano se para fuera del territorio nacional, se le cuestiona por la grave violación a los derechos humanos que existe en el país y por lo acontecido con los jóvenes de Ayotzinapa. ¿Por qué el Ejecutivo ha estado dispuesto a pagar un precio tan alto? ¿Acaso es preferible hacerlo así porque de lo contrario el costo que tendría para el Estado mexicano conocer la verdad sería mucho mayor?

Twitter: @lhan55