l día de ayer se difundió por redes sociales un video en el que el director general de Litigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), Fernando Ulises Cárdenas Uribe, reclama a fiscales de esa dependencia los altos porcentajes de resoluciones absolutorias en los casos que llevan ante los jueces, les dice que es inaceptable lograr menos de 80 por ciento de condenas para los imputados y a continuación afirma que no deben esgrimir como pretexto que los delitos a probar sean inventados porque eso es de toda la vida, y sin embargo, la efectividad de los fiscales se encuentra en un desplome impresionante.

Las palabras del funcionario implican una clara normalización de la fabricación de culpables, es decir, de la inculpación de inocentes, y dan una idea de las inaceptables deformaciones que afectan a las instituciones de procuración de justicia en el país: del regaño de Cárdenas Uribe a sus subordinados queda claro que la prioridad en la PGJEM es cumplir con cuotas de personas sentenciadas, no perseguir el delito ni buscar el esclarecimiento de los hechos delictivos.

Porque, por desgracia, la instrucción del director de Litigación de la procuraduría mexiquense no parece ser una excepción, sino una tendencia nacional. Los casos de personas injustamente imputadas, procesadas y sentenciadas proliferan en noticias y denuncias públicas y en no pocas ocasiones han llegado, ante la disfuncionalidad de las instituciones del país, a instancias internacionales.

Pero, aunque una persona injustamente encarcelada logre a la postre su liberación, el perjuicio personal, familiar, social y laboral suele ser irreparable.

Por lo demás, el daño que la imputación a personas inocentes provoca a la credibilidad de las procuradurías y del sistema judicial en su conjunto es incalculable. Por la normalización de prácticas como la que Cárdenas Uribe refiere en el video comentado, la desconfianza en las instituciones de justicia ha llegado a ser abrumadora y termina por extenderse a la totalidad de las dependencias públicas. El establecimiento de cuotas de sentenciados que han de ser cumplidas a rajatabla puede ayudar en la imagen de eficiencia de las estadísticas, pero no sólo representa una distorsión inadmisible de la justicia, sino que termina revirtiéndose y hundiendo a esas dependencias en un desprestigio aún mayor que el que les garantiza la ineficacia.

A la luz de la filtración del video comentado resulta imperativo que el gobierno mexiquense emprenda una reorientación de la PGJEM para apartarla de esa lógica pervertida y que realice una revisión exhaustiva, caso por caso, de la situación jurídica de cada sentenciado, porque la evidencia de esa grabación es sobrada razón para temer que haya inocentes en la cárcel.